Retoman el debate para modificar la ley de educación sexual integral y lograr que se cumpla

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Superado el tratamiento de la ley que habilita la interrupción voluntaria del embarazo, sancionada en diciembre, los diputados del Frente de Todos iniciaron otro foco de conflicto con la iglesia católica y evangélica al abrir el debate de la ley de educación sexual integral.

Se trata de una norma sancionada en 2006, pero con aplicación dispar en el país. Para garantizarla, en 2018 fue dictaminada una ley que ratificaba su carácter obligatorio y eliminaba la posibilidad de ajustar la capacitación al «ideario» de la institución, utilizada por colegios religiosos para omitir contenidos.

El proyecto nunca llegó al recinto por la resistencia de los «celestes», como se conoce al colectivo que venía de frustrar la ley del aborto y también se opuso a la reforma de la ESI.

En agosto, el oficialismo presentó dos proyectos para reformarla y sólo uno elimina el artículo 5 del texto original, que es el que exige respetar el «ideario». Es el del salteño Lucas Godoy, que expresa sólo protege la posibilidad de «enfatizar contenidos de temáticas específicas en función de las características de sus poblaciones con especial respeto a la diversidad e identidad de los pueblos originarios, cuando ello no entre en contradicción o implique el desconocimiento de los objetivos de la presente ley».

El oficialismo presentó dos proyecto para garantizar el carácter de obligatorio de la educación sexual. En sólo uno eliminan la posibilidad de adaptar contenidos a los idearios de cada institución, eje de la resistencia de la iglesia católica y evangélica.

También incorpora la obligación de aportar información «basada en conocimientos científicos y laicos», una clara restricción a cualquier agenda eclesiástica. Godoy se reunió con el ministro de Educación Nicolás Trotta para evaluar su pronto tratamiento.

El otro proyecto fue presentado por una quincena de diputados del Frente de Todos, pero no toca el artículo 5. Lo firman entre otros Rosa Martínez, Susana Landriscini, Mabel Caparros, Estela Fernández y Alcira Figueroa, entre otros. Lo que hace incorporar las leyes sancionadas en estos 13 años como la eliminación de la discriminación a la mujer, el matrimonio igualitario, la identidad de género y la que habilita el aborto.

Además, obliga a las provincias a formar a las familias en estos asuntos y «ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, sociales, culturales, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con la sexualidad» de los alumnos.

Y a «promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño, niña, niñe y adolescente ayudándole a formar su sexualidad y preparándole para entablar relaciones interpersonales positivas y a vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de los objetivos del programa».

Los proyectos aún no tienen fecha de tratamiento, pero, como con el aborto, abrirán grietas hacia el interior de cada bancada, justo cuando muchos creían que los pañuelos verdes y celestes habían quedado en el recuerdo.  Pronto volverán.

La Política Online


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