En la última sesión del año, la cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto sobre presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación del cambio climático. Sin embargo, quedó afuera el tratamiento de lo que para muchos es prioritario: el proyecto de ley de educación ambiental. La visión de los expertos es que esta es una pata clave y una deuda que lleva, por lo menos, 18 años.
La Ley General del Ambiente data de 2002 y desde entonces estipula la necesidad de «promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal». Si bien algunas provincias tienen su propia ley de educación ambiental, no existe una que sea federal y plantee una estrategia nacional. El proyecto de ley presentado el año pasado por la diputada Gisela Scaglia, que ya tiene dictamen de las tres comisiones en Diputados, es hoy una prioridad para quienes están convencidos que la concientización y el acceso a la información es urgente para hacer frente a la crisis climática.
El proyecto de ley fue presentado el año pasado por la diputada Gisela Scaglia y ya tiene el dictamen de las tres comisiones en Diputados.
«Las ONGs somos las que estamos tomando el rol que debe tener el Estado, pero no tenemos recursos suficientes y no somos tantas las que nos dedicamos a la educación ambiental, por lo que el alcance tampoco es suficiente. El conglomerado de leyes que se están tratando ahora son fundamentales, pero la educación ambiental es clave y abarca a todas las demás cuestiones. Por eso debemos exigir que esto suceda», expresa Máximo Mazzocco, fundador de Eco House, organización que en los últimos dos años llegó a 50.000 alumnos de escuelas en materia medio ambiental, y cofundador de Alianza por el Clima.
En la madrugada de ayer, la cámara de Diputados aprobó la ley de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación del cambio climático, que también institucionaliza al gabinete nacional de cambio climático, organismo creado mediante el Decreto 891 en 2016. Si bien es una noticia celebrada en forma masiva por todos los bloques políticos, organizaciones y la sociedad civil, la expectativa, en el marco de la última sesión del año, también estaba depositada en el proyecto de ley de educación ambiental que, finalmente, no fue tratado.
Diputados aprobó la ley de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación del cambio climático, que también institucionaliza al gabinete nacional de cambio climático.
Es un proyecto elaborado en base a una estrategia nacional de educación ambiental trabajada a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). La labor mancomunada entre las provincias y los distintos bloques sienta, por lo menos, buenas bases para el consenso. «Es un proyecto de ley participativo, federal y democrático. Trabajamos determinando reuniones regionales con las provincias donde cada una estableció sus problemas, las posibles soluciones y cómo abarcarlo desde la educación ambiental. En estas reuniones también convocamos a organizaciones de la sociedad civil, educadores y gobiernos locales. El objetivo fue que cada uno hiciera su aporte para que realmente la ley sea aplicable», asegura Catalina Caillet-Bois, directora de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la Nación.
«Sin esta ley seguimos sin pensar a largo plazo -insiste Mazzocco-. Hoy los docentes se informan y van bajando cierta información. A los chicos les enseñan a no desperdiciar el agua, a separar la basura, pero no van en profundidad. Es un aprendizaje más bien superficial». Por su parte, Paula Ruggeri, licenciada en Ciencias Ambientales, directora de Espacio Sustentable desde donde desarrolla el programa de formación Líderes Ambientales, opina: «La educación ambiental no es una materia, no es un campo de estudio, es un lugar donde confluyen todas las ciencias para la resolución de temas ambientales. Estuvimos estos días en dos escuelas en Mar del Plata que tienen huerta orgánica y la profesora de Matemática les enseñaba a los alumnos las potencias contando y plantando semillas. Ese es un ejemplo de educación ambiental; no es irse de campamento, no es solo plantar árboles o separar la basura. Tiene que ver con tomar consciencia de que todo lo que nos rodea es de la naturaleza y que la sociedad y la economía están involucrados. Hay que dejar de fraccionar el ambiente en distintas disciplinas y empezar a confluir, debe ser un trabajo colaborativo».
Los especialistas coinciden en que son los más jóvenes los que muestran mayor interés por generar un cambio y asumir el compromiso social frente a las problemáticas ambientales actuales. También, aseguran que quienes logran adquirir el «chip ambiental», tomar consciencia de los hábitos que es urgente revertir para sobrevivir en el planeta tierra, no dan vuelta atrás. Solo falta formalizar esta sed de información proveniente sobre todo de las nuevas generaciones aún no contaminadas por un sistema de producción y consumo que ya está siendo altamente cuestionado.
Caillet-Bois sostiene que el proyecto «no se trató por una cuestión coyuntural. La agenda estaba con la mirada en el presupuesto, lo que no debiera haberlo pausado pero conseguimos, al menos, que no pierda estado parlamentario». Las esperanzas, ahora, están puestas en 2020.
Responsabilidad extendida del productor
Otro de los proyectos de ley que prometía y brilló por su ausencia fue el de la responsabilidad extendida del productor (REP). El proyecto está orientado a generar mejoras ambientales en el ciclo de vida completo de los productos, al extender la responsabilidad del fabricante en toda la trazabilidad de los productos: desde la etapa del diseño hasta el tratamiento una vez finalizada su vida útil.
El proyecto ley de responsabilidad extendida al productor (REP) está orientado a generar mejoras ambientales en el ciclo de vida completo de los productos.
Tiene dictamen de la comisión de recursos naturales de Diputados, y falta que se expidan las comisiones de industria y presupuesto. «Es una ley muy esperada y muy consensuada, apoyada por las distintas cámaras que nuclean a las empresas de todas las corrientes de residuos alcanzadas», asegura María Candela Nassi, abogada especialista en derecho ambiental, autora de la ley.
La Nación