Un simple procedimiento de auditoría terminó de la peor manera para una agente del Ministerio de Educación que ahora está presa. En junio, la Contaduría General de la provincia llevó adelante un análisis de las transferencias bancarias entre la cartera del Ejecutivo y los docentes.
En esa instancia, una empleada del área de Liquidación de Sueldos mostró un nerviosismo inusual ante el chequeo, situación que alertó a las autoridades de la repartición. Ante ese hecho, desde el área educativa que conduce Felipe De Los Ríos detectaron que la trabajadora habría realizado varios movimientos bancarios desde las cuentas del Estado a la suya personal, utilizando Códigos Únicos de Identificación Laboral (CUIL) ficticios.
Con esa maniobra, la mujer logró hacerse con alrededor de 1.300.000 pesos en seis meses, según indicaron fuentes calificadas. El área legal de Educación radicó la denuncia y con la investigación judicial en marcha, el juez allanó el jueves la casa de la sospechosa y la detuvo. Así, se espera que la próxima semana sea indagada bajo la figura de estafa en perjuicio de la administración pública. De ser encontrada culpable, la pena va de dos a seis años de prisión.
El magistrado al frente de la causa es Pablo Flores, titular del Segundo Juzgado de Instrucción, quien dispuso la detención de la agente, identificada por las fuentes como Sandra Deolinda Maya, porque entendió que podría entorpecer la investigación al tratar, por ejemplo, de eliminar alguna prueba. Además, en el allanamiento, la Policía le secuestró documentación, pertenencias e, incluso, una camioneta. Tras la investigación interna que se abrió en el Ministerio de Educación para determinar cómo la mujer desvió el dinero, las autoridades detectaron un segundo caso.
Otro empleado utilizó el mismo mecanismo para hacerse de dinero del Estado (ver recuadro). Los dos implicados fueron apartados de sus funciones y les asignaron otras tareas. La diferencia entre ambos casos es que la mujer efectuó varias transferencias hasta acumular más de un millón de pesos, mientras que el hombre sólo hizo un desvío por 11 mil pesos. La maniobra de la empleada comenzó en diciembre del año pasado, con una transferencia, y continuó hasta mayo, lapso en el que incrementó el número de envíos.
Las fuentes consultadas apuntaron que el sistema que usaron los dos empleados fue burdo. Crearon CUIL falsos y usaron nombres reales de docentes para generar las asignaciones de recursos. Pero esos fondos los transfirieron directamente a sus cuentas sueldo y, al parecer, no a terceros. Por eso, el fiscal Daniel Galvani, que intervino inicialmente en la causa de Maya, dado que ascendió a fiscal de Cámara, le había requerido al Banco San Juan que envíe un informe sobre los movimientos de dicha cuenta. Con esa documentación, y luego de que Educación ratificara la denuncia, el fiscal subrogante Ignacio Achem le pedirá a Flores que llame a indagatoria a la agente, lo que se espera que ocurra la próxima semana.
Desde el Ministerio de Educación indicaron que, por mes, se realizan 52 mil liquidaciones para todos los docentes, con la aclaración de que un maestro puede tener más de una liquidación porque puede tener más de un cargo. Gran parte de esas transferencias, unas 40 mil, se realizan en el segundo piso del Centro Cívico y para esa tarea hay 27 agentes. Esto quiere decir que, en promedio, cada liquidador tiene a cargo unas 1.500 asignaciones.
Fondos
4 Es la cantidad estimada de años de sueldos que la mujer se transfirió en sólo seis meses. Según las fuentes, la mujer cobraba unos 25 mil pesos.
Otra denuncia por estafa en Educación
La segunda denuncia por estafa en la cartera de Educación se presentó el miércoles y recayó en el Quinto Juzgado de Instrucción, a cargo de Benedicto Correa. Al igual que en el caso de la agente, fue el mismo modus operandi, el hombre se hizo una transferencia desde las cuentas del Estado a la suya personal, por 11 mil pesos, indicaron las fuentes.
La denuncia contra el sospechoso la presentó la secretaria de Coordinación Administrativa Financiera del Ministerio de Educación, Alicia Vargas. La fiscal que entiende en la causa, Claudia Salica, requirió la apertura de la investigación y las fuentes indicaron que, al igual que en el caso de la mujer, se solicitó un informe al Banco San Juan para determinar los movimientos que tuvo la cuenta investigada. Las fuentes apuntaron que el agente será llamado a indagatoria después del 15 de agosto, luego de que termine el turno del juzgado.
Diario de Cuyo