No hay paro docente ni clase pública ni toma de edificio que tuerza la voluntad del gobierno libertario de recortar el presupuesto universitario. Así lo confirmaron el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuando asistieron a la Cámara de Diputados a defender el Presupuesto 2025. No solo ratificaron que no aumentarán las partidas para las universidades –los 3,8 billones presupuestados representan la mitad de lo que los rectores demandan para mantener abiertas las casas de estudio–, sino que aprovecharon para profundizar el conflicto. Denunciaron que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) está alineado políticamente con el radicalismo, se burlaron de una protesta universitaria en la Estación Once, y negaron el desfinanciamiento educativo. «No hubo recorte de salarios, hubo una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria», atinó a explicar, entre los aplausos irónicos de los diputados opositores, Álvarez.
Los funcionarios desembarcaron en la Comisión de Presupuesto preparados para la guerra y con el mandato de no ceder ni un centímetro ante los reclamos opositores. «La inversión en Educación para 2025 va a ser del 0,88 por ciento del PBI. Por debajo de lo que ya se ha invertido en el 2024, que representa el 0,9 por ciento, por debajo del 2023 y la mitad del mayor histórico de 1,8 por ciento, que se dio en 2013», arrancó el lilito Maxi Ferraro. Minutos después, la diputada Blanca Osuna (UxP) enumeró el impacto de la atual gestión: «La degradación del Ministerio a Secretaría, la eliminación del FONID, el desfinanciamiento de las universidades, la intervención de Educar, el desmantelamiento de programas como Conectar Igualdad o Libro para Todos». También se quejaron los radicales. «Las partidas presupuestarias no representan lo que ha planteado el CIN, es del 53 por ciento de lo que solicitaron. ¿Están pensando cambiar los números?», remató una de las diputadas que rompió con el bloque presidido por Rodrigo de Loredo, Danya Tavela.
Las recriminaciones se iban acumulando y Torrendell intentaba matizar el ajuste echando mano de cierta creatividad numérica. Primero pidió no pensar la inversión educativa en términos del PBI, sino en términos de porcentaje respecto al Presupuesto: «Va a ser del 5 por ciento en 2025, retomando el porcentaje de 2012», explicó, y argumentó que el gobierno libertario está llevando a cabo una «inversión inteligente». «Los recursos no estaban orientados a buenos resultados de aprendizaje, sino que se han invertido en otras acciones y no han tenido tanto impacto educativo específico», amagó, intentando justificar el recorte.
«En lugar de estar en un proceso que vaya a una inversión inteligente, estamos en una desinversión total», le respondió el titular de la bancada peronista, Germán Martínez, quien cuestionó el desfinanciamiento de las escuelas técnicas: «Se comieron el 80 por ciento del financiamiento. Entre lo que ejecutó en 2023 y lo que se proyecta para el año que viene, el incremento nominal es del 10 por ciento, como si no hubiera habido inflación en todo el año y no fuera a haber el año que viene», cruzó.
Frente a estos cuestionamientos, Torrendell intentaba cambiar el eje de la discusión, insistiendo en que la prioridad es la alfabetización. «La plata del FONID fue a la alfabetización y a fortalecer a aquellos sectores con más dificultades», explicó. Con respecto a los recortes en Conectar Igualdad sostuvo que «no hay comprobación empírica de que sirva para que los chicos aprendan, además de lo discutible que fue el costo de las netbooks».
Los fondos para las universidades
Quien salió a profundizar la línea del Gobierno Nacional contra las universidades fue Alejandro Álvarez. El subsecretario apuntó los cañones contra el CIN: . «Hace lo que quiere y presentó ese proyecto de hiper expansión del sistema universitario que no está justificado por la matrícula», denunció en referencia a los 7,2 billones que piden los rectores, a quienes acusó de tener un «alineamiento político». Fue cuando Ferraro le preguntó por el criterio de distribución de los fondos: «El presidente del CIN tiene un alineamiento político con un sector del radicalismo y su influencia política lo lleva a decir cualquier cosa», masculló.
Álvarez, además, retomó el discurso oficial de las auditorías, cuestionando incluso el artículo de la ley que proponía nuevas auditorías que el propio Javier Milei vetó. «Al poner obligatoriamente en un artículo de la ley que era sólo la AGN, lo que pretendían era sacar a la SIGEN de las auditorías», se quejó.
Una de las que salió a responderle fue Julia Strada (UxP): «Las auditorías son para gastos de funcionamiento. Los salarios docentes no están auditados y la composición del gasto de universidades es 88 por ciento en salarios, 12 por ciento para gastos de funcionamiento. Es muy evidente que es una excusa, el plan es que los docentes no aumenten sus salarios», advirtió la diputada, que los cruzó, además, por el artículo que suspende la obligatoriedad de que el 6 por ciento del PBI este destinado a inversión educativa: un punto que el radicalismo se jacta de haber negociado con Casa Rosada para quitarlo y que Torrendell, sin embargo, solo atinó a decir que «nunca se cumple».
Ya sobre el final, ante las insistentes cuestionamientos sobre la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y no docentes, Álvarez agregó: «No hubo recorte de salarios, hubo una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria». «Un aplauso para Álvarez», gritó la diputada del FIT, Vanina Biasi, generando palmas irónicas de diputados peronistas y radicales.
Fuente: Página12.com