Luego de la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación de la llamada “Ley Finocchiaro”, que declara como servicio esencial a la educación y establece la obligatoriedad de que las escuelas abran durante los días de paro, los gremios docentes de San Juan se expresaron en contra de la medida. Si bien aún falta la sanción en el Senado, los sindicalistas aseguraron que se trata de una legislación inconstitucional.
A través de un comunicado, Patricia Quiroga, titular de UDAP, el gremio docente más convocante de la provincia, manifestó que rechaza la normativa debido a que “la declaración de esencialidad en educación vulnera los derechos laborales fundamentales y compromete la calidad educativa que merecen nuestros estudiantes”.
Conforme dice el mensaje, esta ley vulnera fundamentalmente el derecho a huelga, que está avalado por el artículo 14 bis. También plantea que la educación es un derecho y no un servicio esencial, según la Ley de Educación Nacional, que indica que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado».
En suma a lo planteado por Quiroga en el comunicado, el secretario general de AMET, Daniel Quiroga, dijo que esta ley perjudica fuertemente el financiamiento de los establecimientos, dado que la esencialidad de la educación podría inferir en la autonomía de los centros educativos. “La educación no es un servicio, es un derecho que debe brindar el Estado nacional y los provinciales. La Cámara de Diputados debe dictar leyes para garantizar esto”, aseveró.
Además, indicó que desde AMET están trabajando con abogados constitucionalistas para analizar presentaciones en la Justicia, en caso de que San Juan adhiera a la ley.
Finalmente, la referente de UDA, Karina Navarro, manifestó: “Es lamentable que en la tierra de Sarmiento, la educación deje de ser un derecho para transformarse en un servicio rotulado por conveniencia como esencial, violando la constitución y la Ley de Educación Nacional. Los únicos responsables de perder este derecho son nuestros representantes”.
La ley
La ley prevé que, durante los dos primeros días de paro, el 30% del personal escolar deberá permanecer en sus puestos, aumentando al 50% si la medida de fuerza se extiende. Esto busca equilibrar el derecho de los docentes a huelga con el derecho de los estudiantes a recibir educación.
Fuente: Diario Huarpe