De cara a una semana de definiciones con los gremios estatales, en el Gobierno confirmaron que se adelantará el tramo salarial del 7 por ciento previsto para octubre, aunque falta determinar si será en agosto o en septiembre. El punto no es menor, dado que, si se produce en el primero de estos meses, el costo es mayor. No es lo único, ya que también aseguraron que se anticipará desde este mes el pago de las asignaciones familiares, las que también tendrán un aumento de entre el 30 y 40 por ciento. Además, habrá una suba en lo que perciben los empleados contratados. La información la reveló la ministra de Hacienda, Marisa López, quien destacó el esfuerzo que realiza el Ejecutivo para enfrentar las mejoras, teniendo en cuenta que los ingresos por coparticipación cayeron un 13 por ciento en julio, que son los que representan la mayor fuente de recursos (ver nota vinculada). La funcionaria resaltó que hay espalda para liquidar todo en tiempo y forma, aunque aclaró que «vamos a seguir en la línea de nunca prometer lo que no vamos a poder cumplir ni permitirnos salir del equilibrio fiscal».
En ese marco, fuentes oficiales indicaron que algunos gremios pidieron que se use el Fondo Anticíclico para otorgar un incremento, pero en el Ejecutivo no lo tienen ni pensado (ver nota vinculada).
La decisión de las mejoras salariales se da en la instancia de revisión que había sido pautada en marzo, aunque también en el medio de la campaña por las elecciones legislativas. La gestión uñaquista tuvo un gesto con los trabajadores públicos, debido a que en la discusión salarial de principios de año dispuso un incremento del 20 por ciento de recomposición por el desfasaje inflacionario de 2020 y un 30 por ciento para este año dividido en cuatro tramos: 10 por ciento en marzo, 7 en mayo, 6 en julio y 7 por ciento a partir de octubre. En palabras de los sindicalistas, el mejor acuerdo del país. En sintonía con la postura de Nación, el gobernador Sergio Uñac asumió el compromiso de que los sueldos le iban a ganar al aumento del índice de precios. No obstante, la administración de Alberto Fernández no ha podido controlar la inflación, la que acumuló un 25,3 por ciento de enero a junio. A la fecha, los haberes de los estatales cuentan con una suba del 23 por ciento (la suma de los tramos del 10, 7 y 6 por ciento), por lo que los sindicatos solicitaron el adelanto del 7 por ciento de octubre.
Así, la ministra confirmó que se anticipará tal porcentaje, pero que resta definir cuándo. Es que, si se adelanta a agosto, al Gobierno le insumirá unos 400 millones de pesos, mientras que si lo hace en septiembre, será de 200 millones, explicó López. También destacó que habrá otra instancia de revisión en noviembre, en la que «veremos si podemos, de acuerdo a las finanzas, otorgar otro incremento». La definición obedece a que el gremio UPCN, el de mayor cantidad de afiliados, había solicitado un extra del 8 por ciento.
Por otro lado, también afirmó que habrá una actualización de las asignaciones familiares que cobran los estatales y que sirven para que solventen parte de los gastos de alimentación, vestimenta y educación de sus hijos menores de edad (ver infografía). La ministra resaltó que el aumento va a oscilar entre el 30 y el 40 por ciento, pero «la definición aún no está, pero tendrá efecto a partir del 1 de agosto», por lo que percibirán los beneficios a fin de ese mes y principios de septiembre, cuando tradicionalmente los cobraban a fines de septiembre y principio de octubre. Las asignaciones familiares benefician a unos 11.400 agentes.
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En julio, la coparticipación bajó un 13% con respecto al mes anterior
En julio, a las arcas del Estado provincial entraron 8.744 millones de pesos por coparticipación nacional, provenientes del reparto de impuestos como IVA, Ganancias y Bienes Personales. La cifra representa una reducción del 13 por ciento con respecto a junio, cuando ingresaron 10.061 millones de pesos. Los datos los suministró la ministra de Hacienda, Marisa López, quien explicó que en la baja tuvo que ver la postergación de los pagos por vencimientos de los tributos de Ganancias y Bienes Personales. La diferencia en menos es de 1.317 millones de pesos, lo que lleva a las autoridades de la cartera económica a analizar los caminos a seguir frente a mayores reclamos salariales de los empleados públicos, aunque confirmaron mejoras por el equilibrio de las cuentas.