Las recientes cifras arrojadas por el INDEC confirman la necesidad de un rápido volantazo sobre el enfoque, que permita el crecimiento del empleo, la disminución de la pobreza y un desarrollo sostenido con inclusión social. En este contexto, extremadamente complejo y con un entramado social resquebrajado, podemos vislumbrar una alternativa en la educación como agente de cambio.
En efecto, los datos indican que la pobreza alcanzó al 36,5% y la indigencia al 8,8% de la población (17.300.000 personas pobres y de 4.130.000 de personas indigentes). Al mismo tiempo, se registra un descenso del desempleo del 9,6% al 6,9%, y su correlato con el empleo que subió del 41,5% al 44,6%, de la mano actividad económica que pasó del 45,9 al 47,9%.
Ahora bien, ¿qué pasó con el empleo informal? Según el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD), durante la etapa más difícil de la pandemia el empleo informal decreció un 43%. Pero en el último año, posiblemente por la confluencia de la apertura, la crisis económica y el aumento de la actividad, hoy se confirma que el empleo informal fue el de mayor expansión en el ámbito laboral. Si bien se acredita la creación de nuevos empleos formales, no es difícil inferir que el descenso de los índices de desempleo está asociado al incremento del empleo no formal, porque convive con una cifra 5 veces mayor de pobreza.
En definitiva, coexiste y se incrementa el empleo informal de la mano de un núcleo duro de la población que permanece en condiciones de pobreza e indigencia. En este sentido, desde nuestra Cámara venimos relevando los datos de la realidad educativa en Argentina, y su incidencia en el mundo laboral.
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el INDEC en 2021, el 31% de la población empleada correspondía a quienes no avanzaron más allá de la escuela primaria, este grupo representa en términos de desempleo el 34%. En el caso de aquellos que llegaron hasta la escuela secundaria, el 42% acredita un trabajo, en tanto el 55% de este segmento está desempleado. En el caso de los graduados universitarios son el 27% de la fuerza laboral, y sólo el 11% de este segmento estaría sin trabajo.
Este escenario se complementa con una realidad educativa, donde la mitad de la población no completa el nivel medio, y el acceso al nivel universitario es de alrededor del 4,5 %.
Está claro entonces que existe una relación directa entre las posibilidades para el acceso al empleo y el nivel educativo alcanzado, así como también en la calidad del mismo, ya que los puestos mejor remunerados creados en nuestro país en los últimos años requieren de estudios previos. Reservando los trabajos precarios y poco calificados al sector de la población más desfavorecido económicamente y con bajo nivel educativo.
Asimismo, la creciente incorporación de nuevas tecnologías e innovación digital crean un universo de oportunidades laborales para quienes tienen acceso a la formación en las nuevas competencias requeridas. En igual medida, desplazan en ese proceso a los que hoy no tienen esa posibilidad. La educación, entonces, es la base del crecimiento económico y social, y constituye la principal herramienta para el fortalecimiento del empleo.
Si es necesario entonces un consenso político y social, es sin dudas en el ámbito educativo. Y este consenso debiera ser amplio y con el compromiso de todos los sectores, porque no sólo se trata de revertir esta realidad educativa, sino también de abordarla de manera integral, incorporando y articulando a la educación permanente en habilidades y competencias como recurso estratégico. No sólo para ampliar las oportunidades de acceso al trabajo y a la calidad laboral, sino para la creación de más empleo, en una dinámica que promueva el desarrollo emprendedor y el auto empleo.
La inclusión educativa en el sentido más amplio, es inclusión social y condición necesaria para el desarrollo sustentable.
La Prensa