El Congreso Nacional ha dado señales positivas en los últimos tiempos en materia de educación y protección ambiental a través de la sanción el año pasado de la Ley 27.592, que establece la obligatoriedad en la formación y capacitación en temas de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, de las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Por otra parte, en marzo de este año la Cámara de Diputados de la Nación dio el primer paso para la existencia de una ley nacional de educación ambiental, a través de la aprobación de un proyecto que ahora espera ser aprobado en el Senado para que se convierta en ley y que promueve la educación formal ambiental en todos los niveles de enseñanza del sistema educativo argentino como así también en el ámbito informal.
Ambas iniciativas son, sin dudas, un paso importante para al presente y el futuro de nuestro país, porque está claro que no es posible garantizar a mediano y largo plazo la protección del ambiente y nuestros recursos naturales si no apostamos previamente a educar a los funcionarios y empleados públicos que tienen a su cargo el diseño y ejecución de las políticas públicas así como también a la ciudadanía en general que, a diario, debe adoptar conductas individuales en los diferentes ámbitos de la sociedad y que requieren de su compromiso para el cuidado del ambiente.
Por otra parte, estas decisiones parlamentarias son el paso previo para que a nivel nacional se estructure un verdadero plan de educación ambiental. En 2013, me ocupé de esta cuestión y publiqué, con el apoyo de la Federación Universitaria Argentina, un libro que fue titulado Pintemos de verde la educación, en clara alusión a la necesidad de incorporar en los planes de estudio contenidos ambientales que permitan construir una ciudadanía comprometida con esta temática.
Allí señalábamos que las problemáticas ambientales son típicamente transversales, son parte de la economía, la salud, el derecho, el arte, la química, la física, la historia y la geografía. Por lo tanto, debemos incorporar la problemática ambiental en la currícula de las distintas asignaturas, más allá del énfasis que cada una de ellas pueda darle según los temas abordados y con independencia de que puedan existir, además, algunas asignaturas dirigidas más específicamente a la formación de la ciudadanía ambiental.
Actualmente en las escuelas de enseñanza primaria y secundaria el abordaje de la problemática ambiental se realiza casi exclusivamente desde las ciencias naturales, sin considerar los contextos económicos, políticos, sociales y culturales en el que se desarrollan los procesos ambientales globales, nacionales y locales.
Y como las problemáticas ambientales tienen vínculos directos y específicos con los distintos campos del saber se impone la necesidad de que en las aulas de las escuelas de todo el país se aborden los procesos multidimensionales que integran los conflictos ambientales y se promueva una visión crítica, holística e integral a través de una reforma en los programas curriculares educativos, cuando resulte necesario.
Estos cambios en el sistema de enseñanza primaria y secundaria necesariamente deben ir acompañados de la formación y la capacitación de los docentes de todas las materias relacionadas con el tema ambiental (historia, geografía, ciencias naturales, biología, química, matemática, física, literatura, etc.) porque la educación terciaria es el espacio privilegiado para la formación docente y es precisamente allí donde debemos poner un gran énfasis si queremos tener educación ambiental en nuestra ciudadanía.
En el plano de la educación universitaria partimos de la base de que la universidad debe necesariamente incorporar en las distintas carreras la visión transversal del saber ambiental a lo largo de todo el ciclo, además de incorporar materias ambientales específicas y obligatorias. Si se reformulan y actualizan los planes de estudios incorporando el paradigma ambiental en la formación universitaria estaremos contribuyendo a que los profesionales del futuro asuman la responsabilidad de preservar el ambiente e incorporen en el ámbito de su actuación profesional, un compromiso con los desafíos del siglo XXI.
Debemos destacar que en nuestro país se han iniciado algunos avances en el ámbito de la educación superior, a través de la creación de tecnicaturas, licenciaturas, maestrías y especializaciones de gestión ambiental en distintos centros de formación superior universitaria y no universitaria tanto del sector público como privado. Teniendo en cuenta que la oferta es limitada y no logra tener cobertura en todo el territorio argentino el Estado Nacional, junto a las provincias y las instituciones terciarias y universitarias, deberían fomentar y priorizar el incremento del presupuesto para la creación de nuevas carreras de educación superior universitaria y no universitaria orientadas con la gestión ambiental, la salud y el desarrollo sustentable.
A su vez, las universidades deben asumir un verdadero compromiso social y ambiental y abordar a través de la extensión universitaria –junto a otras instituciones científicas y de investigación- las distintas problemáticas ambientales que afectan a poblaciones concretas, ayudándolas a visibilizar las causas, a mejorar la gestión y la participación social para superar la conflictividad vinculada a la ecología.
Por último, señalábamos entre otras cuestiones la necesidad de que en el ámbito gubernamental se capacite a funcionarios y empleados de diferentes reparticiones públicas y sosteníamos que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales a través de sus distintas reparticiones y organismos tienen numerosas y variadas competencias ambientales. Por esa razón, proponíamos dar impulso a la creación de la Carrera de Administradores Gubernamentales Ambientales en todos los niveles de gobierno para que los empleados públicos se capaciten y actualicen en forma permanente respecto de los avances en materia de gestión ambiental y apliquen sus conocimientos en el ámbito del organismo en el que se desempeñan.
La capacitación de los empleados públicos permitirá, además, fortalecer los equipos técnicos de gestión de la administración y generar una sinergia que potenciará el trabajo multidisciplinario e interjurisdiccional entre los diversos organismos con competencias directas o indirectas en la gestión ambiental.
La Nación