Que los graduados que se reciben en la universidad pública y gratuita, después de un tiempo y con ingresos suficientes, estén obligados a hacer un aporte para los estudiantes más vulnerables parece una excelente idea… para Finlandia o Suecia, donde los profesionales independientes no viven los sobresaltos de una crisis como la argentina de estos días, y donde un nuevo impuesto difícilmente sea interpretado como una parte más del ajuste. Sin embargo, hay voces que proponen hacerlo aquí y ahora.
El Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, que conduce Alieto Guadagni, publicó este lunes un informe en el que describe cómo funciona el Fondo de Solidaridad Universitaria de Uruguay (FSU), que funciona allí hace 24 años. Hoy, el 19% de los jóvenes que se gradúan en Uruguay provienen de los sectores más relegados y recibieron esta beca solidaria. Guadagni hizo la cuenta y llegó a la conclusión de que, si ese esquema se aplicara en las universidades nacionales del país, se podría ayudar a 70.000 estudiantes de origen humilde. Hoy, apenas uno de cada cien jóvenes provenientes del quintil más pobre se gradúa en las universidades argentinas.
Hay antecedentes. Entre Ríos es la única provincia donde funciona un esquema de este tipo. Allí, los graduados pagan hoy unos $ 7.500 anuales para becas de 14.500 alumnos. En 2010, la diputada kirchnerista Juliana Di Tullio había presentado un proyecto que proponía crear un impuesto del 0,5% mensual de los ingresos de los graduados. No prosperó.
El sistema de becas uruguayo, así como el entrerriano, están basados en el concepto de “solidaridad intergeneracional”. En el caso del Uruguay, los profesionales que salen de la Universidad de la República o del Consejo de Educación Técnico Profesional están obligados a realizar contribuciones para el sistema de becas de los estudiantes de bajos recursos. Deben pagar el impuesto más allá de que ejerzan o no la profesión, luego del quinto año de aprobada la última materia y quienes tengan ingresos mayores al mínimo no imponible. Pagan durante 25 años.
Los egresados de carreras que duran menos de 4 años deben aportar durante los primeros 5 años el equivalente hoy a 58,59 dólares (en el año) y después unos 117,18 dólares. Para los egresados de carreras de 4 años o más, el aporte es de us$ 117,18 durante los primeros 5 años y us$ 234,36 después. Los que tengan un ingreso mensual mayor a 703 dólares tendrán que hacer un aporte extra.
Para renovar la beca, los jóvenes deben acreditar el 60% de las materias del año. También hay restricciones de edad, según el momento de la carrera que estén cursando.
Clarín consultó con distintos especialistas sobre la posibilidad de implementar esta medida a nivel nacional. Hay diversas miradas. Desde el ministerio de Educación nacional, en tanto, le dijeron a este diario que no van a opinar sobre el tema. El Gobierno rediseñó este año las becas Progresar, que tienen el foco en estudiantes de bajos recursos.
“Estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta. En Entre Ríos está hace 30 años. Creo que es una medida muy pro equidad. Se devuelve lo que se recibió de la sociedad a quiénes no pueden estudiar sin ayuda, en forma de becas”, le dijo a Clarín el ex ministro de Educación Juan Llach.
Manuel Alvarez Trongé, presidente de Educar 2050, opina en forma similar. “Me parece buena idea que los que pasaron por la universidad pública puedan aportar a los que tengan menos ingresos. Hoy, el desafío para la educación pasa por la pobreza. En la región hay 200.000 personas bajo la línea de pobreza”, dijo.
Mónica Marquina, especialista en políticas universitarias, tiene otra visión. “Para discutir este tipo de propuestas hay que considerar la oportunidad. Llama la atención que estas ideas reaparecen en momentos de recesión, en vez de pensarlas en épocas de expansión de la economía. Y desde allí definir la expansión de la educación superior, como ha sucedido en otros países, como Australia”, dice.
Y agrega. “En estos tiempos cabe preguntarse si tiene sentido establecer más impuestos, y cómo se combinan con los ya existentes. Quizá sea más oportuno preguntarse por qué son tan pocos los pobres que llegan a la universidad, y si es posible asegurar su permanencia y graduación desde otras dimensiones como flexibilidad de los planes, buena formación del secundario, instituciones que los sostengan con buenas instalaciones para que estudien, bibliotecas, espacios de distensión o tutorías”
En la Argentina, las becas Progresar llegan a 215 mil jóvenes
En la Argentina, ya existe un esquema de becas para estudiantes universitarios de bajos recursos que funciona a nivel nacional. Son las “becas Progresar”, un programa creado por el kirchnerismo en 2014 y que la actual administración “rediseñó”. Desde este año, las becas tienen más monto pero a los estudiantes, a quienes se les exige que aprueben más materias para mantenerla. El monto varía de acuerdo a la carrera del estudiante.
Pueden acceder los jóvenes de 18 a 24 años, con ingresos del grupo familiar que no supere en 3 veces el salario mínimo, vital y móvil, y no ser titular de un plan social. Las becas son de $1600 a $4900 mensuales. Aumentan a medida que los estudiantes avanzan en sus carreras con montos especiales para fomentar el estudio de áreas estratégicas para el desarrollo nacional.
Quienes aprueben todas las materias de su año y mantengan promedio superior a 8 recibirán al año siguiente un reconocimiento económico equivalente a 10 cuotas de la beca percibida.
De acuerdo a lo que informó el Ministerio de Educación, este año recibieron las becas Progresar 215.000 estudiantes universitarios, más 30.332 de las becas PRONAFE (estudiantes de enfermería) y 2.142 en formación docente. El programa abarca a otros niveles: también recibieron el subsidio estudiantil otros 177.000 jóvenes del nivel superior no universitario y 208.000 del “nivel obligatorio” (primaria y secundaria).
Clarin