Durante la mañana de este martes, el ministro de Educación, Felipe De Los Ríos; el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga, junto al fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani y el jefe de Policía, Crio. Gral. Luis Martínez, presentaron los nuevos protocolos de actuación para el abordaje de delitos contra la integridad sexual, violencia de género e intrafamiliar en perjuicio de niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida.
Los mismos sintetizan normas, prácticas y principios de obligatoria observancia para el abordaje, comunicación y recepción de denuncias por delitos contra integridad sexual, violencia de género e intrafamiliar en perjuicio de niños, niñas y adolescentes y personas con capacidad restringida, detectados en el ámbito de establecimientos educativos de la provincia de San Juan; surgiendo del presente el accionar que se pretende del personal docente, no docente o directivo de las instituciones educativas, de los efectivos de la Policía de la Provincia de San Juan y de los miembros del Ministerio Público.
El secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, explicó que el resultado de estos protocolos para abordar situaciones complejas en el ámbito educativo significa “tener definidas las pautas de actuación, saber qué debe realizar la comunidad educativa ante esta situaciones cuando toman conocimiento, saber qué debe hacer la fuerza policial para abordarlo en conjunto con el Ministerio Público, cómo debe llevarse adelante la denuncia y la puesta en conocimiento del Ministerio Público, y cómo tratar a los menores”. Por último, destacó: “Es un gran avance poner este protocolo en acción que será muy favorable para el bienestar y correcto funcionamiento en la comunidad educativa”.
Por su parte, el ministro Felipe De Los Ríos aseguró que a partir de esto “la comunidad educativa está feliz porque el trabajo mancomunado y de buena voluntad del ámbito de la Justicia y de la seguridad se suman para proteger a la comunidad”. Sobre los nuevos protocolos señaló que clarifican las situaciones para que los chicos y sus familias se sientan protegidos. Agradeció la iniciativa de la Secretaría de Seguridad y del Ministerio Público Fiscal, al tiempo que destacó el trabajo realizado por los gabinetes interdisciplinarios del ministerio que comanda que colaboraron en la elaboración de estos protocolos.
Mientras que el fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani, hizo hincapié en que el Sistema Acusatorio está también para resolver la problemática que muchas veces se les presenta a los docentes “cuando tienen que denunciar estos tipos de temas. Y en muchas ocasiones, cuando los docentes denuncian, significa un cambio de vida, ya que después tiene problema en su propia seguridad y la de su familia”. El fiscal agregó que ante esto, la solución que brinda el sistema acusatorio “tiene que ser racional. La obligación primaria existe, denunciar cuando se conoce un hecho. Pero cuando hay situaciones que colocan la docente en una situación difícil, tienen las líneas de contacto abiertas, ya sea por vía policial o los coordinadores de la UFI, para que de oficio, el fiscal inicie la investigación, de manera tal que, en lo posible, se saque al docente del centro de atención”.
Estuvieron presentes también la secretaría de Educación, Rosana Inés Vicentela; el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández, el fiscal de la Unidad Fiscal ANIVI, Raúl Iglesias; la fiscal de la Unidad Fiscal CAVIG, Claudia Salica y la directora de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios de Educación, Mónica Gutiérrez.
Sobre el protocolo
Pautas generales de actuación para situaciones de violencia intrafamiliar, de género o atentados contra la integridad sexual de menores
Es dable poner de resalto que en los supuestos en que el personal docente, no docente o directivo de las instituciones educativas de la provincia de San Juan, detectare situaciones de violencia intrafamiliar, de género o atentados contra la integridad sexual de menores, procederá de acuerdo a lo normado en la guía de procedimientos ante situaciones de complejidad en las instituciones educativas de la provincia de San Juan, aprobada por Resolución Ministerial 6515-ME-2017, observando en particular:
a.- Conservar la totalidad de la evidencia probatoria que surgiere del abordaje administrativo del caso, reglado en dicho protocolo de actuación.
b.- Comunicar de manera Inmediata a la UNIDAD FISCAL competente (UNIDAD FISCAL CAVIG o UNIDAD FISCAL A.NI.VI), cuando los hechos conocidos permitieran sospechar la comisión de delito en perjuicio de niños, niñas o adolescentes.
La Unidad Fiscal CAVIG tomará intervención ante presuntos delitos cometidos en un ámbito de violencia intrafamiliar o de género y la Unidad Fiscal A.NI.VI, lo hará en el caso de presuntos delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de menores de edad.
A solicitud del Ministerio Público Fiscal o de personal del establecimiento educativo, efectivos policiales se harán presentes en el lugar de inmediato –preferentemente sin portar uniformes ni armas- a efectos de llevar a cabo las instrucciones del Fiscal interviniente.
c.- Comparecer en el menor tiempo posible a la Unidad Fiscal competente, con la totalidad de la documentación e informes que permitan valorar de manera temprana al Fiscal del Caso la existencia de alguna forma de criminalidad en perjuicio de niños, niñas, adolescentes o personas con capacidad restringida.
La denuncia debe ser realizada de inmediato en forma personal por el personal docente, no docente o autoridad del establecimiento educativo que tomó conocimiento del hecho ante la Unidad Fiscal que corresponda, a efectos de resguardar el material probatorio y evitar la pérdida de rastros del delito. Los informes elaborados por el personal de la institución educativa podrán ser remitidos posteriormente.
Si el hecho investigado es de antigua data, una semana o más, también se deberá radicar inmediatamente la denuncia en forma personal acompañando los informes elaborados.
En los casos en que resulte estrictamente necesario, el dependiente del sistema de educación podrá dar noticia criminis al Agente del Ministerio Público Fiscal para que inicie de oficio la investigación. A tal efecto, podrá también ser convocado el Asesor letrado de Menores en turno a fin de instar los mecanismos procesales pertinentes para el correcto abordaje del caso.
Si el hecho a investigar se hubiere originado en un ámbito intrafamiliar, el Fiscal interviniente dará inmediato aviso al Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social a efectos de que tomen medidas para proteger a la víctima intertanto se defina la guarda provisoria del menor, en los casos en que resulte así necesario.
d.- Requerir, en casos de imposibilidad real de comparencia, la asistencia de un representante del Ministerio Público Fiscal a fin de formalizar la denuncia en el establecimiento educativo, quien procederá a recepcionarla de manera inmediata y a recibir la evidencia probatoria vinculada al caso en la forma de estilo.
Las medidas antes indicadas serán observadas por el personal docente, no docente y personal directivo sin perjuicio de los restantes actos contemplados en la Resolución Ministerial N° 6515-ME-2017, y personal de las fuerzas de seguridad, para el caso de otras formas no delictuales de violencia intrafamiliar o de género detectadas en el ámbito educativo.