Como estaba previsto, el oficialismo porteño usó su mayoría en la Legislatura para aprobar la ley que dispone la creación de una universidad para la formación de los docentes (UniCABA). Los 34 diputados del bloque votaron a favor y los otros 26 de la oposición, en contra. No hubo ninguna abstención. La nueva normativa va más allá de la creación de una universidad, dispone al mismo tiempo de una reforma al sistema de formación docente en la Capital, que está compuesto hoy por 29 institutos de formación docente estatales y 44 privados. Para eso se iniciará un proceso de evaluación de todos los profesorados para determinar la forma en que planificará la formación docente en el distrito de ahora en adelante.
La nueva ley establece que los profesorados deberán “articularse” con la UniCABA, una vez que esta comience a funcionar. Se estima que será en 2020. El proyecto recibió un fuerte rechazo por parte de los docentes y estudiantes de los profesorados (tanto públicos como privados), acompañados por partidos políticos de la oposición.
La aprobación de la ley se dio en un clima de máxima tensión en los alrededores de la Legislatura. Tras un acampe que comenzó el martes, este jueves un grupo de militantes de diversos sectores de izquierda se enfrentó con la Policía, que respondió arrojando gas pimienta.
De acuerdo a los cálculos oficiales, la UniCABA tendrá su rector normalizador y el equipo de conducción en los primeros meses del año que viene. Muchos creen que va a ser una rectora. Este equipo deberá elaborar el proyecto institucional de la nueva universidad y seguir los trámites necesarios para su habilitación, ante el Ministerio de Educación nacional y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Además de la formación docente inicial, la UniCABA también podrá dar otras carreras que estén asociadas al perfil productivo de Capital, como puede ser turismo o innovación. Como toda universidad, la UniCABA tendrá autonomía académica e institucional y autarquía económica, financiera y administrativa. Las primeras inscripciones arrancarían en el segundo semestre de 2019 y los primeros estudiantes empezarían a cursar en 2020.
Mientras tanto, se iniciará el proceso de evaluación de los institutos de formación docente. A pedido de muchos profesorados, se creará un “espacio” para proponer instrumentos e indicadores para la realización de la evaluación. Ese espacio, que seguramente llamarán “agencia de evaluación” contará con la participación de representantes de los institutos de formación docente de gestión estatal, de gestión privada y del Ministerio de Educación. La agencia estará dirigida por Mariano Palamidessi, actual director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Uruguay. Será el primer instituto de evaluación de los profesorados en el país.
También habrá cambios en la forma en que se gestionarán los profesorados. La nueva ley establece que “los Institutos de Formación Docente de Gestión Estatal deberán adecuar la gestión administrativa y académica al sistema informático provisto por el Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. No tendrán esta obligación los institutos de gestión privada.
Esta plataforma digital permitirá a las autoridades conocer la cantidad de alumnos y docentes que tienen los profesorados. “La matrícula está ligada a los subsidios. Buscamos que se achiquen los márgenes para que se oculte información”, dijeron a Clarín fuentes oficiales. Los profesorados privados podrán seguir usando sus sistemas, siempre que envíen a las autoridades los datos requeridos.
Al proyecto que este jueves se convirtió en ley se llegó después de un largo año de discusiones, sobre todo en las calles. El primer borrador fue presentado en noviembre del año pasado y contemplaba el reemplazo de los 29 profesorados estatales por la UniCABA. Ante las críticas de la comunidad educativa y muchos expertos, el Gobierno presentó este segundo proyecto que establece la “coexistencia” entre universidad y profesorados, así como la evaluación. Los rectores creen que, detrás de la evaluación, está la intención de ir desintegrando los profesorados de a poco.
Los últimos dos cambios se introdujeron este jueves y fueron la participación de los profesorados en la definición de las herramientas de evaluación y la exclusión de los privados de la obligatoriedad de usar el sistema de gestión digital.
Las claves de una ley que fue variando durante un año de discusión
La historia de la UniCABA comenzó hace justo un año, en noviembre de 2017, cuando el gobierno porteño sorprendió con el proyecto de creación de una universidad para la formación de los docentes. De acuerdo a ese primer proyecto, que tenía 15 artículos, la UniCABA reemplazaría a los 29 profesorados estatales que hay en el distrito.
El proyecto inicial recibió críticas de los docentes y estudiantes de los profesorados, pero también de la mayoría de los especialistas. Al Gobierno se lo acusaba de haberlo concebido sin dialogar con la comunidad educativa, que es la que en definitiva tiene que ejecutar los cambios.
En marzo de este año comenzó el trabajo legislativo y, tras una serie de reuniones de comisión, el oficialismo presentó en agosto un segundo proyecto, que incluían importantes cambios. Los profesorados estatales ya no serían reemplazados por la UniCABA, sino que “coexistirían”. Pero además, se establecía un sistema de evaluación de todos los profesorados (los 29 estatales y los 44 privados), para buscar una nueva planificación del sistema de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien algunos especialistas consideraron que este proyecto es mejor, los docentes y estudiantes de los profesorados mantuvieron su rechazo. Interpretaron que la evaluación tiene por objetivo ir desintegrándolos de a poco, a mediano plazo. Al tiempo que denuncian que la presencia de la UniCABA iba a terminar desfinanciando a los profesorados.
Pero también el rechazo vino de parte de los rectores de los profesorados privados, que critican que haya una universidad en el distrito que ofrezca formación docente inicial, lo mismo que los institutos terciarios. Algo así como una “competencia desleal”. Parte de estos cuestionamientos fueron escuchados por el Gobierno, que a último momento incorporó a los profesorados a la evaluación y les sacó a los privados la obligación de usar el sistema de gestión provisto por el Ministerio.