De aprobarse el proyecto de presupuesto enviado por el Gobierno Nacional al Congreso, se estaría consumando el ajuste más grande de las últimas décadas sobre el sistema educativo. Ningún gobierno de la democracia se atrevió a tanto.
La inversión nacional en educación y cultura viene cayendo hace tres años, aunque este nuevo presupuesto, redactado de acuerdo con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), agrava el recorte. En el año 2015 significó el 1,66% del PBI. Para el 2019 el Gobierno propone invertir solo el 1,25 por ciento. Como se trata de un PBI más pequeño por el achicamiento de la economía nacional en tres de los cuatro años de Gobierno de Cambiemos, es posible afirmar que se le otorga a la educación y a la cultura una porción menor de una torta más chica.
Lo más grave de la situación es que, a pesar de prever una inflación mayor al 40% en el 2018 y, según la estimación oficial, del (poco creíble) 23% para el 2019, los recursos destinados a la educación inicial, primaria, media y superior no universitaria para el próximo año, aun en valores nominales, son menores. Sin incluir los recursos destinados a las universidades, el Gobierno nacional ha propuesto disminuir la inversión en programas educativos de 67 mil a 54 mil millones de pesos. Es decir, a pesar de la inflación pasada y futura, los recursos caen un 18,9 por ciento. Si tomamos en cuenta la variación de los precios, el presupuesto de estos programas disminuye, entre el 2018 y el 2019, el 39,9 por ciento.
En este contexto, existen algunas situaciones particularmente preocupantes. Por ejemplo, la menor cantidad de recursos que se dedica a la infraestructura escolar. Ello ocurre en un contexto en el que la explosión de la escuela de Moreno y la muerte de dos trabajadores de la educación puso en evidencia la falta de atención a los problemas edilicios de las escuelas. A pesar de ello, la caída de la inversión es brutal. El presupuesto vigente para el año 2018 es de 8478 millones de pesos, la propuesta para el 2019 es de 2419 millones. La asignación disponible para arreglar las escuelas disminuye un 77% a valores constantes. Algo parecido ocurre con el programa estrella del Gobierno de Mauricio Macri. Los recursos para construir los tres mil jardines de infantes prometidos en la campaña descienden de 5945 a 2528 millones de pesos. Esta intención de disminuir el presupuesto de infraestructura ocurre al mismo tiempo que se elimina el Fondo Solidario de la Soja que les permitía a los gobiernos municipales atender las urgencias edilicias de las escuelas.
Prácticamente todos los programas del Ministerio de Educación bajan su inversión en valores nominales y reales en el proyecto de presupuesto enviado por Macri al Congreso: calidad educativa (-34,6%), capacitación docente (-36,3), educación digital (-69%), formación tecnológica (-43,6%).
Un párrafo particular merece la caída de los recursos nacionales destinados a los salarios docentes. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, garantizado por ley después de los mil días de la Carpa Blanca frente al Congreso, aparece congelado en el presupuesto 2019, con los mismos valores que mostraba en el año 2017. Es decir, esta parte del salario de maestros y profesores pierde más del 50% de su valor en términos reales. El Fondo de Compensación Salarial, a través del cual el Gobierno Nacional aporta su apoyo a las provincias con menores recursos para atender los sueldos docentes, corre peor suerte: desaparece totalmente en el presupuesto 2019. Parece evidente que, de aprobarse el proyecto del oficialismo, con estos recursos mínimos para salarios se estará decidiendo anticipadamente el no inicio de clases. El conflicto gremial será inevitable. ¿Será éste el objetivo del Gobierno? ¿Culparán a los docentes?
En este punto es necesario destacar que el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo no solo está condenando a la destrucción al sistema educativo. También incumple leyes que, votadas oportunamente casi por unanimidad en el Congreso Nacional, garantizan que la decisión respecto a la inversión educativa sea una política de Estado y no quede librada a la voluntad del gobierno de turno. En particular, se dejan de cumplir prácticamente todos los artículos de la ley de financiamiento educativo (26075) que fija el porcentaje del PBI a invertir en educación (artículo 3), la distribución de aporte nacional y de las provincias (artículos 5 y 7), la proporción del presupuesto que corresponde al sistema educativo y a las universidades (artículo 4) y la compensación de las desigualdades educativas entre las provincias (artículo 9). Estos incumplimientos se suman a la ya decretada anulación de la paritaria nacional docente (artículo 10). En lo que respecta a la educación técnico-profesional, se desconoce el artículo 52 de la ley 26058, que crea el «Fondo Nacional para la Educación Técnico-Profesional, que será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al 0,2% del total de ingresos previstos en el presupuesto».
Esta descripción del proyecto de presupuesto enviado al Congreso pone en evidencia que la educación, al igual que la cultura, la ciencia y la tecnología, únicamente es concebida como una variable de ajuste por parte de un gobierno nacional que pretende un país solo dedicado a la exportación de commodities y a la especulación financiera. La educación no tiene lugar en este modelo.
Pero como sabemos, si la oposición vota unificadamente contra este presupuesto que perjudica principalmente a las provincias, es posible revertir la situación y discutir un proyecto que permita defender a la escuela pública, a sus docentes y sus estudiantes. La propia tradición educativa del radicalismo debería hacer posible que sus legisladores se opongan al ajuste que se avecina. El debate parlamentario por el presupuesto 2019 seguramente permitirá que la ciudadanía tome conciencia acerca de quiénes son los diputados que defienden la propuesta de aumento de la desocupación, el desempleo y la marginación que propone el FMI. En el caso de la educación, quienes voten afirmativamente este proyecto estarán contribuyendo al deterioro sustantivo del sistema educativo y cercenando las posibilidades de igualdad e integración y movilidad social ascendente que solo permite una escuela de calidad.
Todavía estamos a tiempo. Es necesario que el Gobierno reemplace este proyecto de presupuesto por otro que cumpla con las necesidades de recursos que demanda la educación argentina. Si no, deberá ser el Congreso el que, con el voto mayoritario de diputados y senadores, defina qué importancia le da a la educación, imprescindible para la construcción de una nación más desarrollada y justa.
El autor es Daniel Filmus, diputado nacional (FPV-PJ). Ex ministro de Educación.
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