La provincia abrió hoy el ciclo lectivo 2021, con los ojos puestos en el 1° de marzo, fecha prevista para la vuelta presencial a las aulas. Sin embargo, más allá de la resistencia del gremio docente, que amenaza con no iniciar las clases presenciales, un memorándum del área de Recursos Humanos de la Dirección General de Escuelas (DGE) genera preocupación entre los directivos de cada colegio. El documento, fechado el 20 de noviembre, con plena vigencia, deja en claro que los directores de los establecimientos educativos son los encargados de decidir y organizar quiénes deben volver a las aulas y quiénes no. Esto, principalmente está atado a las condiciones de salud de los educadores, sobre todo los “grupos de riesgo”, pero también abriría el juego a las especulaciones y a una eventual ausencia de trabajadores, según advierten responsables de diferentes escuelas a este diario.
Por eso, la inquietud de los directivos radica en las “facultades” que ahora les delega el gobierno escolar para manejar la situación a su criterio, por lo que consideran que se trata de evitar la responsabilidad oficial y no descartan un posible enfrentamiento con docentes, o, por el contrario, un eventual favoritismo hacia quien busca quedarse en casa.
Así, reclaman que debe ser la DGE la que controle el “estado psicofísico” de los docentes que presentan sus nuevas justificaciones médicas. Aseguran, que el Poder Ejecutivo debería hacerlo a través del organismo encargado de expedir la certificación correspondiente, que desde hace un par de años quedó establecida en 8 años de vigencia, lo que consideran un tiempo muy extenso.
El escrito se presenta como una “aclaratoria sobre normativas vigentes sobre presencialidad laboral”. “Se deja expresamente aclarado al Personal Directivo de las escuelas de todos los Niveles y Modalidades, como asimismo a los Directores y/o Jefes de Servicio de las Dependencias de la Administración Central de la Dirección General de Escuelas, que en la actualidad, cuentan con la facultad de convocar al Personal Docente y No Docente de la DGE a prestar servicios bajo la Modalidad Presencial, en aquellos casos en los que lo crean conveniente. Es importante aclarar que en ningún caso el Director y/o Jefe de servicio podrá convocar a los agentes que se encuentran incluidos en los denominados Grupos de Riesgo”, indica el memorándum, que dispone además que el listado de personas exceptuadas, “podrá ser ampliado por el director cuando lo crea conveniente” y de esta manera “exceptuar de la obligación de prestar servicios en forma presencial a personas que no se encuentren incluidas dentro de estos grupos de riesgo por la autoridad sanitaria”.
Asimismo, los directores indicaron que en pandemia el Ítem Aula, un adicional salarial contra el ausentismo, ha quedado “desdibujado”, teniendo en cuenta la virtualidad del año pasado, ya que prácticamente lo percibieron todos los docentes, por lo que consideran que este año pasará lo mismo. Afirman que hubo docentes enfermos por Covid-19, por ejemplo, que no comunicaron su situación o, por el contrario, quien lo informó, tampoco tuvo descuentos.
“Hacen falta más controles oficiales para lograr el objetivo de que actuemos como equipo, responsablemente, y los chicos vuelvan a las escuelas, y puedan resociabilizar, sino siempre aparecen excusas, dudas o suspicacias”, contó a LA NACIÓN la directora de una reconocida escuela del Gran Mendoza.
Certificados médicos
Los directivos indican que en medio de la pandemia hay docentes que comenzaron a presentar certificados médicos particulares con alguna afección, entre ellas las que atañen al grupo de riesgo. Por ejemplo, un caso que analizan por estas horas en una escuela es de una docente que presentó un certificado médico por asma, una afección que está dentro de los grupos de riesgo, pero que no deja de generar dudas entre los directivos, quienes reclaman un control oficial más exhaustivo de las condiciones de salud que dicen presentar los docentes. Y así, también está el caso de una profesora que contó que presentará un certificado, posiblemente por hipertensión arterial, con el fin de que pueda permanecer en su hogar, y también organizarse con el cuidado de sus hijos, que tendrán horarios diferentes a raíz de la presencialidad. Otro caso es el de un profesor que reclama ausentarse para cuidar a un familiar de edad avanzada. En tanto, desde el SUTE se limitaron a informar que los grupos de riesgos están exceptuados de la presencialidad y que no observan una presentación llamativa de certificados médicos, ya que consideran que podrían poner en riesgo el cobro del adicional salarial.
Así, la DGE con este documento deja en mano de los responsables de cada escuela determinar, de acuerdo con su criterio, quienes deben regresar a las aulas y quienes pueden seguir en sus domicilios. Esto es que amplía las facultades a los directores para que ellos decidan, lo que puede ser un verdadero dolor de cabeza para la organización interna de la escuela, pero sobre todo para cumplir con el objetivo en común de la presencialidad.
“Se aconseja a los señores Directores que convoquen a prestar servicios sólo a los trabajadores que resulten indispensables para cumplir acabadamente con el plan de trabajo presentado, siempre que las condiciones de los protocolos los permitan, (Art. 5) de la Res. Nº 2777/2020); procurando siempre causar el menor impacto posible en los trabajadores y su grupo familiar”, concluye el informe del área de RRHH.
Mientras, el gobernador Rodolfo Suárez comandó hoy el acto de inicio del ciclo lectivo, donde dejó en claro que “la presencialidad es una de las alternativas más sólidas para soslayar la brecha y la inequidad social y educativa”. Así, el mandatario aseguró que se han dispuesto más recursos y se centró en garantizar un regreso seguro a las aulas. “Ha quedado demostrado que la incidencia de la presencialidad no ha producido alteraciones en el número de contagios en aquellos países que mantuvieron sus escuelas abiertas”, indicó el jefe del Ejecutivo local.
Sin embargo, la resistencia del SUTE no se detiene. “Nosotros estamos diciendo que queremos volver a la presencialidad, pero con las escuelas en condiciones, escuelas seguras. Tenemos una cantidad importante de escuelas de la provincia que no están en condiciones para iniciar las clases en la presencialidad. Hay escuelas que no tienen agua potable, otras que tienen problemas de baños”, indicó Mirtha Faget, secretaria gremial. “Estamos reclamando escuelas seguras, no solo significa la parte edilicia sino la humana también. La mayoría de las escuelas tenemos compañeros y compañeras que son grupos de riesgo, también celadores y celadores. Nos va a faltar personal en cada una de las escuelas para llevar adelante una desinfección correcta”, completó la sindicalista, quien además sumó la escasa dimensión de las aulas y la afectación de las cuerdas vocales que tendrán los docentes por el uso del barbijo en espacios abiertos.
La Nación