La medida de suspensión de clases presenciales ha sido sin duda una decisión acertada tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Sin embargo, la rapidez con la que se han tenido que tomar las decisiones en el medio de esta pandemia que hoy nos azota, nos obliga a replantear algunas cuestiones.
Quienes trabajan en el ámbito educativo conocen perfectamente que la educación en este siglo está estrechamente vinculada al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. También sabemos que hasta ahora se estaban realizando avances en ese sentido, pero que de ninguna manera se preveía el uso de ellas para reemplazar directamente lo presencial por lo virtual.
Esto implica un desafío importantísimo tanto para los educadores como para los padres y los alumnos, y en definitiva para todos los integrantes del sistema educativo. Además, no debemos dejar de lado a la emergencia sanitaria que impone el aislamiento obligatorio, y que agrega una situación de estrés extra a la hora de enseñar y aprender.
La pandemia del Covid-19 también ha visibilizado dificultades que en circunstancias normales solían permanecer casi ocultas. Y una de ellas es la de quienes tienen que ejercer la docencia en un contexto de vulnerabilidad social, en el cual enfrentan la falta absoluta de posibilidades por el enorme problema del acceso a la tecnología y a la conectividad de los alumnos, condición fundamental para llevar adelante su tarea. Se trata, en pleno siglo XXI, de una nueva forma de injusticia social.
La ministra de Educación y toda su cartera están trabajando desde el primer momento para tratar de disminuir esa brecha en la situación de contingencia actual. Hace unos días, la funcionaria expresó: «No quiero hablar de educación virtual porque son muchos los alumnos que no pueden continuar el vínculo con sus docentes a través de la virtualidad porque no tienen conectividad y eso sucede en muchos puntos de la provincia, por eso prefiero hablar de educación a distancia». En efecto, en una primera etapa de trabajo, a muchos alumnos de la provincia se les hizo llegar una propuesta educativa en formato papel a través de cuadernillos de actividades.
El derecho a la educación es reconocido en nuestras Constituciones nacional y provincial, y la ley nacional de educación N° 26.206 establece en su artículo 16 la obligatoriedad de la misma hasta la finalización de la escuela secundaria. Y si hablamos de derechos, podemos agregar que en la sociedad en la que vivimos en este siglo, cuyo insumo fundamental es el conocimiento, la conectividad debe empezar a ser comprendida como un derecho fundamental, un derecho propiamente humano.
Así lo entiende la Unesco que en un documento consensuado con todos los ministros de educación de América latina y el Caribe en 2007 entiende a la educación de calidad como un asunto de derechos humanos y se hace una observación que me parece sumamente importante en este sentido: «Garantizar el derecho a la no discriminación es condición sine qua non para el ejercicio del derecho a la educación». El documento agrega que los principios básicos que orientan la educación han de ser los mismos para todas las personas, «sea cual fuere su origen y condición, pero también es preciso considerar algunos derechos diferenciados o recomendaciones específicas para ciertos colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad».
A la luz de todo ello, es evidente que en el actual contexto el Estado tiene la obligación de seguir buscando los mecanismos para garantizar el sostenimiento de este derecho. Si ya de por sí era muy difícil para el sistema educativo sostener la permanencia de los niños, niñas y adolescentes vulnerables en la escolaridad, imaginemos cuánto más complicado es en estos momentos. Estoy convencido de que la discontinuidad en el proceso educativo de los mismos podría constituir sin duda un factor de futuro abandono de la escolaridad.
Para evitar lo que podría convertirse en una situación irreversible, creo que el Estado provincial debe actuar con urgencia y garantizar el acceso a la educación virtual a todos los alumnos de la provincia hasta tanto puedan volver a las aulas. Y la manera de garantizarlo es proveyéndoles las herramientas necesarias a quienes no las tienen.
He presentado un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia para que se distribuyan gratuitamente a través de los establecimientos escolares un dispositivo móvil a los estudiantes que carezcan de él, con un mínimo de datos garantizados, destinados únicamente a la navegación de los sitios que el Ministerio de Educación de la provincia disponga.
En este tiempo de crisis, también estamos viendo como un aspecto positivo el aumento en los esfuerzos de los distintos actores del Estado y de la sociedad para trabajar mancomunadamente. En ese sentido, la Nación tiene un diálogo fluido con las provincias, y es en el marco de dicho diálogo que pienso en el Enacom (Entre Nacional de Comunicaciones). No sería nueva la colaboración del Enacom en este sentido, porque ya ha realizado un inestimable aporte en lograr un acuerdo con las empresas prestadoras de conectividad para que habiliten la navegación gratuita por los portales de la Nación. Estoy convencido de que nuestra provincia también debe avanzar en esa dirección acordando con cooperativas, empresas de cable, pymes y todos los prestadores de servicio de conectividad en general para garantizar la gratuidad de la navegación de los sitios que la provincia disponga. Esto permitiría la utilización de los recursos educativos provinciales virtuales a los beneficiarios de esta iniciativa, y a toda la ciudadanía en general.
Si bien este proyecto nace en el marco de la pandemia, estoy seguro de que tendrá un alcance mayor en el tiempo. El acceso a la conectividad como derecho estaba vulnerado de forma preexistente y acercar las herramientas a quienes verdaderamente lo necesitan no solo corrige dicha vulneración, sino que se proyecta hacia el futuro, mermando las desigualdades entre quienes tienen acceso y quienes no lo tienen.
La Capital