En julio de este año tuvo lugar un aniversario especial para la educación en nuestro país. Tras haberse sancionado en 1884 por el Congreso de la Nación, se cumplieron 135 años de la Ley 1420, la norma que diseminó por todo el territorio nacional la educación común, laica, gratuita y obligatoria. Por aquel entonces, el Sillón de Rivadavia lo ocupaba el tucumano Julio Argentino Roca. Si bien en lo que sería su primera presidencia impulsó y logró concluir su mandato con esta ley sin precedentes en el país, Roca no fue el primero en abordar la cuestión educativa.
Tal como señala Hilda Sábato en Historia de la Argentina 1852-1890 (Siglo XXI), previo a él, “las últimas administraciones habían realizado importantes esfuerzos en esa materia”, dando cuenta de que la cuestión educativa era tema necesario para la consolidación de la Nación. Sin embargo, “el gobierno de Roca decidió abordarla en forma integral”.
Así, tras el Censo General de Educación de la República y el primer Congreso Pedagógico de Sudamérica de 1881, se incubaba lo que tres años después sería una de las leyes más influyentes en la historia de la incipiente Nación. En un primer momento la aplicación de la norma se efectivizó solo en la Capital Federal y los territorios federales, pero provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos no tardaron en acompañar la ley.
Los objetivos del corpus legal eran tan atinados como ambiciosos: “favorecer y dirigir el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de 6 a 14 años de edad”, y para ello “establecía el carácter gratuito y obligatorio de la educación pública”, describe Sábato. Existe un estereotipo más o menos difundido entre quienes -distantes del siglo XIX- miran la historia con ojos románticos.
Para muchos, lograr sancionar una ley por aquellos años, cuando muchas de las instituciones pilares de nuestro mundo nacieron, no era más que un “trámite” legislativo con armoniosos consensos, y la resignación, por parte de sus redactores e impulsores, sobre sus beneficios particulares en pos del bien común. Pero lo cierto es que diversos historiadores hacen hincapié en los álgidos debates, enfrentamientos y luchas que tuvieron lugar en una Buenos Aires decimonónica para erigir aquella ley, sobre todo, disputas vinculadas al rol de la religión en el dictado de la educación estatal. Como señala Sábato, una ley de educación como la que se promulgó en 1884 -la cual mermaba la incidencia de la Iglesia en la educación impartida por el Estado- y otras leyes enmarcadas en este “avance liberal”, llevó a que el gobierno interrumpiese “las relaciones con la Santa Sede, medida que mantendría hasta el año 1900”.
EL DESAFÍO DE DEBATIR LA EDUCACIÓN
La finalización de los primeros veinte años del siglo XXI ven con cierta nostalgia aquella discusión sobre qué modelo de educación nos estamos dando. Si bien hay debates en democracia que merecen una actitud diligente, la educación no parece estar entre las prioritarias. Este año, parte de la puja electoral se llevó a cabo en dos encuentros discursivos, en dos universidades nacionales.
El primer debate tuvo lugar en la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe) y el segundo en la Universidad de Buenos Aires (CABA). Siguiendo las transcripciones realizadas por chequeado.com , las jornadas de debate nos permitieorn arriban a dos alarmantes conclusiones. Por un lado, la educación tiene un lugar marginal en los temas que los políticos discuten, dedicándole poco espacio y profundidad a sus aristas. Por otro lado, cuando quienes disertan no están “obligados” a hablar de educación –por ejemplo, tener como tópico “Educación y salud”-, reducen aún más su importancia.
Así, en el primer debate presidencial del año llevado a cabo el 13 de octubre, de 12.009 palabras que pronunciaron los candidatos en sus atriles, solo 69 hicieron referencia a palabras como “educación”, “universidad” o “escuela”. En el segundo debate, realizado el 20 de octubre, se evidenció la falta de mérito que la educación tiene en el discurso público. Sin un eje que haga alusión específicamente a la temática de educación, de 12.177 palabras pronunciadas por los candidatos en casi una hora y media, solo 6 hacían referencia a “educación” o “universidad”. No es necesario sacar porcentajes para percatarse de la escasa representatividad que la educación tuvo en los debates, lo cual denota un desinterés de la política sobre la educación.
LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI
La tan mentada ley de educación común sancionada en los albores del siglo XX generó, entre otros resultados, pasar de una tasa de escolarización de nivel primario del 20% en 1869 al 48% en apenas 40 años (1914), además de continuar, hasta la actualidad, incorporando nuevos niños al sistema educativo. Sin embargo, el nuevo siglo nos plantea nuevos retos en materia educativa. Al respecto, Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación, señala que, “en términos de política educativa, uno de los desafíos centrales del siglo XXI es trabajar en torno a evidencia. Dada la dimensión de nuestro sistema educativo y la velocidad con que se dan los cambios en nuestra sociedad, es fundamental contar con sistemas de información que ofrezcan datos precisos y en el tiempo oportuno, y equipos capacitados para interpretar y dar sentido a esta información.
Por un lado, estos sistemas deben servir para monitorear el estado y el avance de los objetivos que se planteen. De lo contrario, es imposible saber si avanzamos o retrocedemos. Pero por otro lado, los sistemas de información son clave para poder evaluar el impacto de las políticas o programas de gobierno, y así entender si deben modificarse, multiplicarse o eliminarse según el caso”. “En este sentido, en Argentina tenemos un gran desafío: seguir la trayectoria de cada estudiante. Estos sistemas son clave para desarrollar sistemas de alerta temprana (para prevenir el abandono) o para consolidar programas como Vuelvo a Estudiar, que se desarrolló en la provincia de Santa Fe, y permite acompañar a estudiantes que han abandonado la escuela para que regresen y puedan terminar la cursada.
En Argentina se ha impulsado la creación de un sistema de este tipo tanto a través de una resolución ministerial de 2012 como de una resolución del Consejo Federal de Educación de 2014. A su vez, a fines de 2018 se sancionó la ley de Cédula Escolar Nacional, que manda la creación de un sistema de este tipo”, afirma Ibarzábal. A nivel nacional se destacan también iniciativas que salen en la búsqueda de los chicos que abandonaron la escuela como el programa “Asistiré”, ejecutado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. “A pesar de muchos esfuerzos de los gobiernos nacionales y las gestiones provinciales, al día de hoy todavía no hemos logrado consolidarlo. Es, sin dudas, uno de los grandes desafíos del próximo gobierno“, añade el director ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación. “Hay que trabajar en lo fundamental”, continúa. “Puedo mencionar tres puntos. Primero, la continuidad del ciclo lectivo. A pesar que desde 2003 la ley manda que se cumplan 180 días de clase en las provincias de todo el país, este objetivo no se cumple. Hay múltiples razones: calendarios escolares que no contemplan adecuadamente jornadas de capacitación docente, problemas edilicios, fallas de electricidad, problemas de agua o gas, factores climáticos, paros docentes, paros de personal no docente y también ausentismo. El primer paso para que la educación mejore es lograr que nuestros estudiantes puedan contar con continuidad en sus ciclos lectivos. Segundo, las trayectorias en secundaria. Hay que lograr que menos estudiantes se queden en el camino en la secundaria. Hoy sólo 64 de cada 100 estudiantes que empiezan la secundaria en tiempo teórico llegan al último año en el tiempo esperado. Tercero, la calidad educativa. En Argentina sólo 3 de cada 10 estudiantes del último año de la secundaria alcanza resultados satisfactorios en Matemática. En el nivel socioeconómico bajo son sólo 10 de cada 100, mientras que, en el nivel socioeconómico alto, los resultados tampoco son muy alentadores: sólo 55 de 100 aprueba. Mejorar los aprendizajes, en particular en Matemática, es un desafío prioritario”. Pero uno de los principales escollos en pensar políticas de largo plazo –como lo requiere la educación- parecieran ser los ciclos “cortos” de gobierno. El hecho de que una política pública llevada a cabo se descarte cada cuatro u ocho años –en el caso de que un mandatario logre conseguir su reelección-, anula la capacidad de continuidad que necesitan los procesos educativos. Sobre la posibilidad de congeniar un plan de educación de largo plazo, con un sistema electoral que obliga a repensar todo cada cuatro años, Ibarzábal establece que “hay acuerdos recientes como la Declaración de Purmamarca y el Plan Nacional Argentina Enseña y Aprende (ver recuadro) que generaron consensos que pueden ser la base para acuerdos más amplios.
En términos regionales, un modelo a tener en cuenta es el de Brasil. En 2014 se sancionó por ley el plan de Educación Brasileño, un plan nacional decenal, que establece metas e indicadores a 10 años”. Así las cosas, mientras que la Ley 1420 priorizó factores necesarios para la época como la alfabetización, la educación común y la gratuidad, el futuro de la educación pareciera residir en acordar políticas a largo plazo tendientes a mejorar los factores ligados a su calidad, como también lograr la permanencia y la finalización de los estudios de cada uno de los alumnos de nuestro país.
Hacia una política de Estado
En febrero de 2016, el Ministerio de Educación de la Nación, junto a sus pares de todas las jurisdicciones del país, firmó la declaración de Purmamarca a través de la cual se comprometieron a trabajar una agenda común en todo el país. Con el mismo sentido, se creó el Plan Nacional Argentina Enseña y Aprende, que fue el impulso también de las reformas implementadas en la enseñanza de las matemáticas. Los consensos alcanzados permitieron establecer metas comunes e indiscutidas, como la necesidad de avanzar con la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los tres años de edad, de incorporar progresivamente la jornada extendida a través de actividades escolares, artísticas y deportivas, y de promover los procesos de evaluación a nivel nacional para obtener datos precisos que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes, entre otros ejes propuestos.
*Politólogo, investigador y docente (UBA) @leandro_bruni
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