La Cámara Federal de Salta dio lugar a un pedido de un particular y ordenó al Ministerio de Educación nacional que le entregue los resultados de la evaluación Aprender de 2016 de todas las escuelas de esa provincia. También pidió los resultados de las instituciones que participaron de la prueba Enseñar 2017, que se hizo en los profesorados.
El Ministerio de Educación tiene ahora 10 días hábiles para dar la información o apelar y, de este modo, elevar la cuestión ante la Corte Suprema de Justicia. Consultados por Clarín, desde esa cartera dijeron que aún no están notificados del fallo y por eso no pueden hacer por ahora una evaluación del tema.
En el Ministerio de Educación siempre sostuvieron que la Ley Nacional de Educación, aprobada por consenso en 2006, les impide entregar los datos por escuela. Hacen referencia al artículo 97 de esa norma que establece que la difusión de información sobre las evaluaciones educativas debe “resguardar la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización”.
En mayo de este año había surgido una polémica similar cuando, a pedido de otro particular de la Ciudad de Buenos Aires, la Agencia de Acceso a la Información Pública -organismo que está en la órbita de Jefatura de Gabinete- exigió al Ministerio que libere los datos por escuela. Los funcionarios de esa cartera desoyeron la orden y, en cambio, presentaron un extenso escrito en el que justifican por qué no pueden hacerlo.
Allí sumaron otras tantas argumentaciones. Entre ellas que la confidencialidad de los datos por escuelas en el Operativo Aprender fue acordada por unanimidad por los 24 ministros de Educación en el Consejo Federal. Que eso fue una condición que pusieron las provincias para sumarse al operativo y que, por lo tanto, no cumplir con lo establecido rompería el acuerdo y “pondría en riesgo la realización de futuros dispositivos evaluativos”.
El tema de la publicación de los datos por escuela divide aguas entre los especialistas. La mayoría acuerda con la posición del Ministerio y afirma que publicar esos resultados, y así habilitar la posibilidad de armar rankings, no tiene ninguna utilidad educativa y sólo genera mayor competencia y segregación en las escuelas.
Otros, en cambio, van en línea con el fallo de Cámara de Salta y ponen el foco en la transparencia y el derecho que tienen los padres a elegir con mayor información disponible la escuela a la que mandan a sus hijos. Esta posición coloca como prioritaria otra ley: la de acceso a la información pública, que promueve el acceso de todos los ciudadanos a la información que genera el Estado.
Entre estos últimos está muy activa la Agencia de Acceso a la Información Pública, un organismo que, paradójicamente, pertenece a esta misma administración. “Esto tiene que pasar por el test de interés público, es decir, qué interés queremos proteger. Mayor interés que la confidencialidad tiene que un padre cuente con esa información para tomar una mejor decisión para sus hijos. Lo que estigmatiza no es la transparencia sino las condiciones que tienen las escuelas por las que se obtienen malos resultados”, dijo a ClarínEugenia Braguinsky, directora de Acceso a la Información Pública de la Agencia.
“Acá hay una interpretación de una comunidad específica, los funcionarios pero también los gremios y los docentes, que maneja esa información en forma cerrada. Nosotros decimos que es pública y que permitiría a los ciudadanos tomar mejores decisiones. La confidencialidad se rompe desde el momento que ellos dan la información a los directores de escuelas y pueden compartirla con quienes quieran”, agrega Braguinsky.
Para Axel Rivas, de la Universidad de San Andrés, la publicación de datos por escuelas “puede generar efectos de identificación de escuelas como de alta o baja calidad pero en realidad lo que muestra es el nivel socioeconómico de los alumnos. El peligro es que lo que uno piensa que es una escuela de calidad en realidad sea de alto nivel socioeconómico y puede ampliar la desigualdad: una familia puede pensar que la escuela es mala cuando en realidad atiende a alumnos con mucha pobreza. Esto ya está muy analizado”, dijo en una entrevista con Clarín.
“Además, pone en duda a los docentes. Hacer una batalla de un tema que no sabemos si mejora la calidad y puede generar más desigualdad me parece equivocado. Hay otros temas más importantes para debatir con los sindicatos y la sociedad, como la carrera docente, la formación docente, entre otros”, agregó.
Idas y vueltas con un caso similar en la Ciudad
En mayo de este año se conoció un caso muy similar, impulsado por un particular en la Ciudad Buenos Aires. A pedido de José Lucas Magioncalda, abogado y dirigente político cercano a Darío Lopérfido, la Agencia de Acceso a la Información Pública había intimado al Ministerio de Educación a que entregue los resultados de las escuelas en el operativo Aprender.
A pesar de la intimación, el Ministerio decidió no presentar la información y por eso Magioncalda recurrió a la Justicia, donde presentó un amparo. Este martes, y por cuestiones formales, un fallo del juez Enrique Lavie Pico rechazó ese amparo.
Argumentos a favor de publicar los resultados por escuela
- Los datos que genera el Estado deben llegar a los ciudadanos. Es un derecho garantizado por la ley de acceso a la información pública.
- El interés mayor a proteger es el de los padres que buscan decidir con la mejor información posible la escuela a la que mandan a sus hijos.
- Otros países de la región, como Brasil, Chile y México avanzaron en esta dirección.
Argumentos en contra de publicar los resultados por escuela
- La Ley de Educación Nacional prohíbe que esos datos sean difundidos.
- El Operativo Aprender se hizo con acuerdo de las provincias sobre la base de la confidencialidad de esos datos. Así, difundirlos pone en riesgo estos operativos a futuro.
- En los países en los que se difunde no mejora la calidad educativa sino que se profundiza la segregación escolar.