A despecho de la noticia del domingo –el DNU que restableció, al modo tramposo del macrismo, la obligatoriedad de liquidar exportaciones en el país y el control del BCRA para la compra de divisas– esta columna prefiere ocuparse hoy de la educación publica. Porque en su replanteo a fondo y como una de las primeras urgencias del próximo gobierno radica la posibilidad de una Argentina diferente y mejor.
Quizás este artículo correspondería dedicarlo a Cristina y Alberto, que es seguro que en estos dias están concentrados en otras, obvias urgencias. Y así lo expresamos la semana pasada al inaugurar el 24º Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, en Resistencia, donde cada uno de estos años de saqueo planteamos la necesidad de una gran reforma educativa, basada en la que proponemos desde El Manifiesto Argentino, que considera a la educación como un derecho colectivo en el marco de procesos institucionales de enseñanza y aprendizaje.
Partimos de la idea de que, en tanto forja fundamental para la construcción de ciudadanía, la Argentina requiere el urgente restablecimiento de la educación pública, gratuita, universal, laica, con sentido nacional y social en todos los niveles, y obligatoria hasta los pre-universitarios, asegurando la educación privada como sistema complementario.
Así está garantizado por la Ley 26.206/05, que estableció que: «La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación».
Asimismo, la garantía del financiamiento educativo fue fijada por la Ley 26.075/05, que Macri derogó por decreto en enero de 2018, y que será urgente restablecer para asegurar la Renacionalización de la Educación que proponemos, entendida como la necesidad de un Sistema Educativo Nacional Único, con validez en toda la república, que garantice una plataforma curricular cuya base estructural conciba contenidos educativos igualitarios en todo el país y se organice en función de las múltiples y complejas realidades del territorio nacional. Y es claro que sin que ello implique pérdida de la autonomía administrativa de las jurisdicciones, garantizándose los desarrollos locales y regionales, así como la participación de asociaciones de docentes y padres de familia en la elaboración de contenidos pedagógicos, con recursos económicos enviados a las provincias para la aplicación de políticas pedagógicas nacionales que se ejecuten con transparencia y sin excepción con ese cargo.
Además, para el saneamiento y control del sistema proponemos que todos los financiamientos (nacionales e internacionales) sean auditados y controlados por la ciudadanía, a través de asociaciones o federaciones de cooperadoras, reportando resultados al Consejo Federal de Educación, que deberá ser reformulado a fin de que las decisiones educativas de interés nacional sean vinculantes y de aplicación ineludible en todo el país.
La propuesta implica terminar también con el ominoso reemplazo de pedagogos por gerentes a cargo del Ministerio, así como vedar la intervención de empresas e instituciones transnacionales en el sistema educativo nacional. Y también acabar con la promoción de supuestos talentos individuales, la instauración positivista de las neurociencias en el magisterio y todo cómputo de las condiciones mentales-cerebrales de los alumnos, a quienes sólo hay que garantizar alimentos para su nutrición y desarrollo.
Todo esto se vincula con la necesaria planificación, a partir de noviembre, del Censo Nacional 2020, que deberá incluir un muy completo capítulo en materia educativa, en base a cuyos resultados será posible conocer el grado de daño inferido a la educación pública, así como la implementación de medidas de corto, mediano y largo plazos.
Este Censo será un paso fundamental para conocer a cabalidad el tamaño de la tarea, porque hoy en la Argentina tenemos un sistema educativo que no está mensurado, o lo está «a ojo». Y es que, por ejemplo, no hay datos ciertos de la cantidad de escuelas y aulas en todo el territorio nacional. Ni el Ministerio ni la Wikipedia lo informan, y los números que se encuentran van de las 25 mil a las 50 mil escuelas, pero no son cifras confiables. Y tampoco se sabe el número de estudiantes de entre 5 y 18 años. ¿17 millones, 20 millones? Lo ignoramos.
Igual sucede con las bibliotecas. La Conabip computa «casi 2000» bibliotecas populares. Pero el fabuloso entramado que conforman las numerosas bibliotecas públicas municipales, barriales, de clubes, de cooperativas y de instituciones de la sociedad civil, más las universitarias, las de facultades, las de empresas y bancos incluso, y las hace años estimadas 25 mil bibliotecas escolares y/o de aula, hace absolutamente imposible tener un dato cierto. Ni hay precisiones sobre la cantidad de bibliotecas científicas, ni de instituciones del Estado. Posiblemente el total sea de más de 50 mil bibliotecas en todo el país. Pero dato cierto, ninguno. Y ni se nos ocurra contabilizar acervos.
Y hay más: ni siquiera se sabe con certeza si las universdades públicas de la Argentina son exactamente 54, o 62 o cuántas. Imposible encontrar cifra única en internet. Y tampoco es posible saber cuántas carreras de grado se pueden cursar en este país, ni se conocen datos exactos de las universidades privadas, ni su número de estudiantes ni hay un ranking de sus carreras y costos. Como tampoco hay cifras ciertas sobre estudiantes de otros países en la Argentina.
Y también haría falta un cómputo –censal o ministerial– acerca del número de instituciones y casas de estudio privadas, confesionales o no, y sus costos de cursada. Y el colmo: toda esta ignorancia (¿casual, planificada) impide también conocer de una vez la obvia privatización encubierta que se practica en casi todas las universidades públicas, casi todos cuyos posgrados están arancelados y muchos son carísimos. Y todo lo cual desnaturaliza la enorme conquista argentina y peronista de 1949 de la universidad pública gratuita.
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