Familiares de chicos con discapacidad piden que sea obligatorio que los docentes se capaciten en educación inclusiva

El derecho a la inclusión de los niños y niñas con discapacidad en las escuelas comunes está reconocido por ley y tiene rango constitucional. Además, suma mucho apoyo de la sociedad, según expone un estudio reciente del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la consultora Voices!, que muestra que 8 de cada 10 argentinos dicen estar de acuerdo con la educación inclusiva y el 67% cree que mejora la calidad educativa. Sin embargo, esa mirada choca con lo que entienden que ocurre en la práctica: el 40% advierte que la falta de capacitación docente opera como una barrera para lograr esa inclusión.

Sobre este último punto, varias agrupaciones de padres de chicos con discapacidad, prestadores de servicios para personas con discapacidad y docentes que abrazan la inclusión en el aula salieron a visibilizar un pedido que incluso presentaron ante el Ministerio de Educación de la Nación: que se redacte y vote en el Congreso una ley de capacitación docente obligatoria en temas de discapacidad y neurodiversidad.

La propuesta busca contribuir a corregir un problema de discriminación muy generalizado: los rechazos de vacante de muchos niños y niñas con discapacidad que quieren estudiar en escuelas comunes. Las excusas más habituales de los colegios son bastantes conocidas: “no estamos preparados”, “se terminaron las vacantes”, “cumplimos el cupo de inclusión” o “no hay espacios adaptados en la escuela”.

Entre quienes impulsan la idea de una ley que instaure capacitaciones docentes obligatorias en materia de inclusión están las organizaciones Prestadores Unidos por la Discapacidad, Asociación Padres de Autistas La Plata, Salidas Inclusivas y varias otras que el jueves pasado marcharon por el Congreso para acercarle a los legisladores un propuesta de ley.

“Una normativa así serviría para que los docentes en ejercicio sumen herramientas de inclusión educativa en la formación pedagógica de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión pública y privada. Y también sería clave para todos aquellos que se estén formando”, explica Romina Núñez, abogada e integrante de TEA Padres Autoconvocados. Romina asesora a las organizaciones y escuelas en temas legales relacionados a la inclusión y cursa un Doctorado en Discapacidad en la Universidad Favaloro.

A pesar de que el derecho a la educación para todos los niños y niñas está garantizado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional al que la Argentina adhirió en 2008 y goza de jerarquía constitucional, las familias sufren situaciones de discriminación por parte de muchos establecimientos que les niegan las matrículas.

“Nunca tuve un chico así”

Carla Báez es mamá de Axel y vive en Merlo, provincia de Buenos Aires. Su hijo de 4 años fue diagnosticado con TEA el año pasado y a la hora de inscribirlo en un jardín de infantes, le negaron la vacante, tanto en instituciones públicas como privadas. “Quedó en lista de espera, pero durante ese año, nunca me convocaron y no pudo hacer sala de 3. Cuando, a principios de este año, me llamaron para inscribirlo en sala de 4, la maestra me apartó durante la reunión de padres y me dijo: ‘Nunca tuve un chico así’. Y tuve que hacer de acompañante y estar con él en la sala”, explica.

Además, cuenta que la escuela nunca adaptó los contenidos como para que fueran accesibles para Axel y la maestra no le hablaba de él a los demás niños ni explicaba la presencia de ella en el aula. Y le dieron horarios reducidos, generalmente en los espacios de educación física y música.

Carla vivió un vacío de parte del mundo adulto, pero destaca que los niños se acercaban a ella y a su hijo para demostrarles interés y amor. “No siento enojo con la docente ni con la escuela. Entiendo que no tienen las herramientas necesarias para afrontar estas situaciones porque tienen cero conocimiento sobre inclusión y discapacidad”, añade.

Una primera reunión en el Ministerio

Las organizaciones que proponen el proyecto de ley se reunieron con el área de Coordinación de Modalidad Especial del Ministerio de Educación de la Nación, donde plantearon la necesidad urgente de mayor capacitación, ya que los casos como el de Carla y Axel se multiplican por todo el país.

Las organizaciones contaron que, por ahora, les ofrecieron la posibilidad de denunciar de manera directa en el Ministerio, vía correo electrónico, cada caso de discriminación que registraran, con el compromiso de solucionarlos individualmente. LA NACIÓN se comunicó con el Ministerio para conocer qué tratamiento se le dará al pedido de las organizaciones pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

“Yo doy clases de formación y los docentes salen sin saber nada de inclusión y discapacidad. Se tienen que arreglar por su cuenta, hacer posgrados, cursos, talleres y capacitaciones a su costo y por su propia voluntad”, explica Marisa Díaz, directora del jardín maternal y de infantes Ternuritas, en Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires.

El proyecto de inclusión es la identidad de ese jardín de la zona sur del conurbano y ella se capacita desde hace años para después compartirlo con el equipo docente con el que trabaja. “Haciendo las admisiones, las familias me cuentan las excusas que en otros colegios les ponen cuando les comunican el diagnóstico de su hijo. La ley está, pero no la cumplen”, agrega.

La opinión de los docentes

Muchos docentes creen que esta propuesta de ley es buena, pero insuficiente. “Para trabajar con niños integrados necesitamos espacios adecuados y grupos más pequeños. Si el maestro común tiene que absorber todo el trabajo, va a necesitar un colaborador en el aula”, señala Mónica Escalante, directora de la Escuela 444, Salvador María Díaz, de la ciudad de Corrientes.

También desde Rosario, Santa Fe, Silvina Lorenzini, vicedirectora de la escuela Nuestra Señora de los Ángeles, cree que la propuesta de ley “puede funcionar si tenemos el compromiso de todos. No se trata de ocupar un lugar, de permanecer por permanecer en la escuela, sino de darle la mejor oferta educativa que el niño pueda sostener”.

Muchos padres que apoyan esta propuesta de ley resaltan que también es importante darles herramientas a los docentes para la comunicación con los niños y con las familias. “El lugar de detección de una condición especial suele ser la escuela y, principalmente, el jardín. Los padres no nos damos cuenta, quizás lo negamos. Las maestras tienen que estar capacitadas para hablar con nosotros, asesorarnos y transmitirnos tranquilidad”, dice Clara Echeverría, mamá de Agustín, que tiene diagnóstico de TEA. Clara debió renunciar a su trabajo cuando su hijo ingresó a sala de 4, para estar fuera del aula como apoyo de la maestra, ya que ella no sabía qué hacer, según cuenta.

“El Ministerio dice que cada provincia tiene su propia forma de aplicar la ley”, explica Gilda Kristovich, licenciada en Psicopedagogía y presidenta de la asociación Prestadores Unidos por la Desigualdad. “Se tiene que dejar de hablar de educación ‘especial’ e integrar a los docentes de escuelas especiales a las escuelas comunes, como hacen en La Pampa”, añade Kristovich.

El modelo que se aplica en la provincia de La Pampa, al que se refiere, le da prioridad a los alumnos con discapacidad para matricularse en las escuelas públicas comunes y esto permitió que el 98,5 % de ellos estudie en escuelas comunes y no de forma segregada. En segundo lugar, dejaron de existir las escuelas especiales y sus docentes pasaron a formar parte de las escuelas comunes, trabajando en conjunto con los docentes del aula. Ellos no se sientan junto a los alumnos con discapacidad, sino que están en el frente y planifican las actividades diariamente con el maestro de grado.

¿Qué ocurre en el resto del país? Según los datos del Relevamiento Anual del Ministerio de Educación de la Nación de 2020, el alumnado con discapacidad que iba a escuelas comunes alcanzaba apenas al 60%.

Martín Vera es muy conocido en el ambiente de la educación inclusiva porque es docente y papá de Donato, su hijo de 10 años con diagnóstico de TEA. Es un gran divulgador y militante del derecho a la educación de las personas con discapacidad. Sin conocer aún la propuesta de ley, se mostró a favor. “Me sumo a todo lo que sea capacitar a los colegas. No obstante, pienso que sería buenísimo que puedan participar de su redacción todas las organizaciones que nuclean a familias, ya que somos los papás quienes mejor conocemos a nuestros hijos”, aclara Vera, que forma parte del grupo Educadores por la Inclusión y Artículo 24, una coalición de más de 170 organizaciones sociales de toda la Argentina que trabajan para que se cumpla el derecho a la educación inclusiva.

La Nación