Todavía faltan algunos pasos. Como que el Congreso lo convierta en ley y que otros tres de los 13 países que firmaron el convenio hagan lo mismo. Pero a partir de entonces, se estima que será desde el 2020, los títulos universitarios tendrán una validez regional. Esto es, tanto para los profesionales argentinos que quieran ejercer en otros países del continente como para extranjeros que vengan a la Argentina. Esta tarde, se firmó un convenio entre los responsables de educación de los distintos países que habilita la validez y el mutuo reconocimiento de los títulos de carreras de grado y postgrado.
El trámite que hasta ahora podía llevar de uno a varios años de gestiones, desde ahora deberá resolverse por vía administrativa en cuestión de meses para todas las carreras que estén homologadas ante las autoridades educativas de cada país. Pasándolo en limpio significa que los demás estados de la región reconocen la validez de los títulos otorgados en los demás países sin la necesidad de convalidar materia por materia el plan de estudios.
Los países que suscribieron el acuerdo son Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Granada, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. También incluyó al Vaticano, que había formado parte de un convenio anterior, firmado en 1974. Brasil, Uruguay y Chile estuvieron presentes en el encuentro que se realizó en el palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería, aunque sus representantes no tenían plenos poderes para rubricar el convenio. «Con los países de Mercosur tenemos el convenio firmado en diciembre, así que entre ambos convenios se genera un complemento que enriquece y potencia el reconocimiento», apunta Pablo Falcón, director Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria, y presidente de la Conferencia Internacional de Estados de la UNESCO en América latina y Caribe para la firma del convenio regional de convalidación de estudios, títulos y diplomas de educación superior.
«Por supuesto que en aquellas carreras como abogacía, que requieran saberes específicos vinculados al país donde se ejercerá, existirán requisitos especiales. Pero este convenio facilitará que los profesionales puedan ejercer fuera de su país, sin verse impedidos por la falta de reconocimiento o el largo proceso de reválida que implica», explica Falcón
Este convenio, detalla Falcón, no sólo posibilitará a los profesionales a ejercer en otros países, sino que en el caso de Argentina, abrirá el mercado de las propuestas de formación de posgrado para extranjeros, ya que crecerá el interés de capacitarse en el país, al obtener un título que de por sí ya es válido en su país de origen.
Hace 45 años, el 19 de julio de 1974, 18 Estados Miembros de la UNESCO en América latina y el Caribe suscribieron en Ciudad de México el Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, documento que ha pasado por un exhaustivo proceso de análisis con miras a adoptar un convenio de segunda generación.
El documento recoge los consensos acumulados en reuniones previas realizadas desde el año 2016 por el grupo de trabajo encargado de la revisión del anterior Convenio Regional de 1974. Desde el año 2016 se han realizado cuatro reuniones de trabajo para revisar el anterior Convenio y proponer un texto para el nuevo: en Cartagena de Indias y en La Habana, en el año 2016; y en Santo Domingo y Buenos Aires, en el 2017. Posteriormente, en el 2018, se organizaron dos reuniones regionales intergubernamentales de consulta: la primera en Buenos Aires y la segunda en Córdoba, en el marco de la III Conferencia Regional de Educación Superior.
Los cambios que trae el convenio son muchos, explican las autoridades: simplifica y unifica en un solo reglamento todos los casos de convalidación de títulos extranjeros; reduce plazos mediante la eliminación de pasos innecesarios; incorpora tecnología, ya que todo el trámite será on line; sienta el criterio de convalidación por acreditación de calidad; se traslada a las universidades nacionales la evaluación integral de peticiones de sus títulos que correspondan a una trámite de convalidación indirecta.
La gran crisis humanitaria de Venezuela llevó a los responsables de firmar el convenio a modificar las condiciones, en vistas de que hay más de 4 millones de venezolanos desplazados, muchos de ellos profesionales que se vieron forzados a salir de su país sin llevar pertenencias y sin contar con la posibilidad de tramitar reválidas o certificados analíticos en su país de origen.
Por esa razón, antes de firmar el convenio se resolvió establecer un mecanismo de excepción por razones de crisis institucional o humanitaria, en las que se incluyó el caso de Venezuela y de Siria.
El convenio crea además un registro público de gradudados universitarios que permitirá una consulta abierta de forma on line.