Los gremios universitarios realizarán un paro nacional el próximo lunes 17 y martes 18 de marzo, en protesta por el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre las universidades nacionales. La medida busca visibilizar el desfinanciamiento de los gastos operativos y la falta de mejoras salariales y laborales en el sector, una situación que, según los sindicatos, se ha mantenido desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. La decisión fue adoptada durante el encuentro del Frente Sindical de Universidades Nacionales y ratificada por las federaciones de docentes y no docentes de las universidades públicas de todo el país.
Carlos De Feo, secretario general de la Federación docente CONADU, alertó sobre el impacto del ajuste en los salarios del sector: «La pérdida salarial frente a la inflación es más del 70 por ciento y prácticamente un 40 por ciento del poder adquisitivo real del salario, cosa que no pasaba hace años». Además, advirtió que, de persistir la falta de diálogo por parte del gobierno, «las medidas y el plan de lucha se van a profundizar».
La situación se enmarca en un contexto de tensión entre el gobierno y las universidades públicas. En septiembre de 2024, el Congreso aprobó una ley para revertir los recortes presupuestarios en estas instituciones, pero el presidente Milei la vetó, argumentando la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. Posteriormente, en octubre, la Cámara de Diputados no logró reunir los votos necesarios para anular el veto presidencial, lo que significó un revés para quienes defendían un mayor financiamiento educativo.
Las universidades públicas han sido escenario de protestas y movilizaciones en los últimos meses. Profesores y personal no docente exigen aumentos salariales que compensen la elevada inflación, mientras que estudiantes y otros sectores apoyan las demandas y rechazan las medidas de austeridad implementadas por el gobierno. De Feo subrayó la gravedad de la situación y la falta de respuestas por parte del gobierno: «Se trata de la primera medida del año a cuenta de la situación salarial gravísima que venimos atravesando». Ante la ausencia de propuestas concretas para recomponer los salarios y mejorar las condiciones laborales, los gremios universitarios advierten que el plan de lucha continuará en las próximas semanas si no hay respuestas desde el Ejecutivo.
Si se omite esa garantía, el básico del ayudante con dedicación simple de universidades nacionales se ubica en 178.701 pesos brutos para febrero, que resultan de un incremento de 64 puntos porcentuales menos que la inflación acumulada desde noviembre de 2023 y que redundan en una caída del poder adquisitivo del 23 por ciento en 14 meses. Si se analizara la evolución desde diciembre de 2016, la caída llega al 39 por ciento. Dicho de otra forma, durante 2024, los profesores perdieron el equivalente a tres salarios y, en ocho años, cinco salarios anuales.
Dirigentes de las federaciones coincidieron en la necesidad de una fuerte medida de fuerza y el pronóstico de un nuevo cuatrimestre con conflictos y dificultades académicas. Aseguran que se está produciendo un vaciamiento de las universidades por la renuncia de los docentes que se reorientan al nivel medio o, incluso, a otros oficios.
Luis Tiscornia, secretario General de CONADU Histórica señaló que “la situación salarial es gravísima. No hay paritarias convocadas y el gobierno resuelve por decreto aplicar los incrementos de los estatales. Un 1,5 por ciento en enero y un 1,2 por ciento en febrero, claramente por debajo de la inflación. Alrededor del 50 por ciento de la planta docente está por debajo de la línea de pobreza. El cargo inicial con jornada completa está en 820 mil pesos en virtud de la garantía salarial, pero sigue en la pobreza”.
En tanto, Antonio Roselló, paritario nacional de ese gremio y dirigente de la opositora lista Multicolor, señaló que “exigimos un inmediato incremento del 35 por ciento, su indexación bimestral y un programa de recomposición para llegar a lo que ganamos en diciembre de 2015, cuyo desfase supera el 70 por ciento. Se están produciendo renuncias masivas. Un ayudante con dos cursos de hasta 100 alumnos cada uno, con 20 horas, cobra 420 mil pesos, debajo de la indigencia. No han sido satisfechos nuestros reclamos que fueron acompañados por millones en las marchas del 23 de abril y del 2 de octubre. Por eso retomamos el plan de lucha y comenzamos con un paro de 48 horas”.
Fuente: politicadelsur.com