La General Paz se convirtió este lunes por la mañana en algo más que una ancha avenida. De un lado se vieron alumnos que vuelven a las clases presenciales, después de haberse enterado el domingo por la noche que un fallo judicial les abrió las puertas de las escuelas. Muchos ni siquiera se enteraron. Del otro lado de la autopista, los colegios volvieron a cerrarse y se escucha la protesta de padres organizados.
Todo suena a un gran desatino, pero lo es aún más si se tiene en cuenta que esto se produce apenas cinco días después de que las autoridades educativas argentinas, reunidas en el Consejo Federal de Educación, habían acordado que “las restricciones no deben comenzar por el cierre de las escuelas como primera medida”. La ministra de Salud Carla Vizzotti había avalado esa posición.
Pero lo más importante es que se había llegado a a ese consenso a favor del presencialidad escolar cuidada después de meses de duras negociaciones entre los diferentes actores de la educación del país. De la reunión del Consejo Federal también participan los cinco sindicatos docentes con representación nacional. Y la decisión de avanzar en restricciones en otros ámbitos, antes que la escuela, había sido anunciada el miércoles por la mañana por el mediático ministro Nicolás Trotta, que desde entonces no habla.
La posición acordada tomaba en cuenta la evidencia científica que muestra que dentro de los colegios no se producen los contagios, así como las miradas de profesionales y organizaciones que hablan del cuidado de la salud en forma integral, es decir, teniendo en cuenta sus aspectos mentales y sociales. Sobre todo, en el caso de los chicos y adolescentes, quienes más sufrieron el encierro y la falta de clases presenciales el año pasado.
Pero la política “metió la cola” y en el peor momento, en medio de una pandemia que se agrava y una educación que profundiza su tragedia. Dicen que hubo presiones de intendentes del Conurbano, temerosos del aumento de contagios y que entonces se recurrió al cierre en todo «el AMBA», sin consultar con las autoridades porteñas.
Se puede entender que estamos en un año electoral, pero el momento histórico obliga a poner la educación y la salud por encima de la grieta. Está claro que hay diferentes miradas sobre la educación y que hasta a las curvas epidemiológicas se les puede “hacer decir” lo que uno quiere, pero no suena razonable que este sea el momento para profundizar las diferencias.
Lo razonable indica que la educación de los chicos no debiera definirse nunca en una conferencia que un Presidente decide dar de golpe y en forma sorpresiva, y tampoco a través de un fallo dictado un domingo a la noche, en horario de protección al menor. Los chicos merecen mucho más que eso.
Lo cierto es que este quizás sea apenas el primer round de la segunda ola. A juzgar por lo que pasa en otras partes del mundo, es de esperar que la crisis se profundice y que haya que ir limitando aún más la circulación, y eventualmente cerrando las escuelas.
Por eso la contraofensiva judicial del Gobierno nacional, con las dos presentaciones de esta mañana, no ayuda. Lo que viene pareciera ser abogados litigando y decidiendo por la futura educación de los argentinos. Y a la basura el consenso logrado por las autoridades educativas durante meses de negociaciones: ese consenso que se va a necesitar cuando la situación se ponga más complicada.
Clarin