La puja por las condiciones laborales insatisfechas de los docentes argentinos tiene un capítulo extra, esta vez ligado a los cargos “extraprogramáticos”, o sea, los maestros y profesores de educación inicial, primaria y media que dictan, en escuelas privadas, materias que no están incluidas en la currícula oficial: desde teatro y “huerta” hasta catecismo y talleres de deportes. Ocurre que desde hace un año tienen el salario congelado, ya que la mesa que debería discutir los montos básicos -el Consejo Gremial de Enseñanza Privada- no sesiona. Funciona, dicen, pero no sesiona. Y por eso ahora el sindicato y las cámaras están apelando a un parche: pedirle a los dueños de los colegios que voluntariamente les aumenten a esos docentes, entre 20.000 y 22.000 a nivel nacional.
Hay dos partes en este conflicto, una transparente y otra más turbia. La primera, a la vista de todos, es que por estar en una “zona gris” (ya que dictan materias por fuera de las “obligatorias”), las condiciones de trabajo y el salario de estos educadores está relegado al rol de “último orejón del tarro”. Su salario no se discute desde hace un año y están cobrando hasta un 50% por debajo de cualquier docente regular.
Como explicó a Clarín Cristina Nuñez, secretaria gremial del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), “sólo en la ciudad de Buenos Aires hablamos de unos 12.000 docentes extraprogramáticos, el 30% del total de cargos en las escuelas privadas«.
Según Nuñez, «al tener el salario inactivado desde el año pasado, por una carga horaria de jornada simple (4 horas y 15 minutos) un docente gana 16.500 pesos, mientras que el extraprogramático sólo 8.000 pesos.
En un comunicado que difundieron el fin de semana, SADOP exigía “un aumento de emergencia del 30% retroactivo a marzo”. Pero toda la negociación está tan trabada que el reclamo no lo hicieron al Gobierno sino a los dueños de los colegios.
El costado oscuro de todo este asunto (que varios admiten off the record), es por qué no se reúne la mesa que debería poner un piso a esos salarios. “Es una represalia del Gobierno a SADOP”, afirmó una fuente estrechamente relacionada al tema.
Todo parece una telenovela absurda, en la que los docentes son el jamón del sándwich. Parte de la historia comenzó en enero, cuando el Gobierno cambió la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo, lo que entre otras cosas dejó a SADOP afuera del tablero de la discusión de los salarios docentes a nivel nacional.
El sindicato, en protesta por la afrenta, hizo un amparo, lo que habría desatado enojo en las autoridades y el consecuente congelamiento de esta segunda discusión salarial.En diálogo con Clarín, Miguel Angel Rivas, presidente del Consejo Gremial de Enseñanza Privada (la que “funciona pero no sesiona”), explicó algunas cuestiones sobre esa mesa de trabajo: “El consejo está formado desde 1947, por la ley 13047 de Educación Privada. Está compuesto por 12 miembros, más la presidencia, que yo ocupo desde 2016. Cada miembro tiene un voto y la presidencia no vota, pero desempata.
Ante la consulta de este diario, un vocero del Ministerio de Educación de la Nación desligó la responsabilidad de esa cartera en este conflicto, ya que, aseguró, “el salario de los docentes extraprogramáticos le compete a cada jurisdicción… la competencia del Consejo Gremial no abarca lo salarial”.
Sin embargo, Rivas describió un escenario bien distinto: “El Consejo Gremial, por ley, debe establecer un salario básico para esos docentes. De los doce miembros, cuatro son del Ministerio de Educación de la Nación; tres son de los sindicatos (profesores y maestros de grado, y un no docente); tres son representantes de las cámaras que nuclean a las instituciones educativas (uno por los colegios laicos, otro por los religiosos o congregacionales, y un tercero por las academias); y los últimos dos son del ministerio de Trabajo… más bien, el ex ministerio”.
El problema, explicaron los consultados, es un vacío –cuando Esteban Bullrich cambió por Alejandro Finocchiaro- de los cuatro nuevos funcionarios de Educación que debían designarse. La situación se estaría perpetuando como parte de esa supuesta “represalia” a SADOP.
Clarín consultó al Ministerio de Educación por qué no se designó a nadie en esos cuatro puestos. Respondieron que se encuentran «analizando la aplicación de la Ley 13.047 (creación del Consejo Gremial), ya que luego de la Ley de Transferencias de los servicios educativos a las jurisdicciones la participación de esta cartera en la negociación salarial resulta abstracta». Y agregaron que formalizaron «las reuniones con los propietarios de las instituciones privadas para garantizar, como mínimo, el mismo porcentaje que cada provincia acordó en su paritaria».
Desde las cámaras que nuclean a los dueños de los colegios también hay descontento. Norberto Baloira, presidente de la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP), aseguró que, contra lo que podría especularse, a ellos les conviene que haya un piso salarial que unifique a todo.
Y agregó: “Estamos manteniendo reuniones para que esto se solucione. Pero mientras, como paliativo, les pedimos a los colegios que hagan efectivo un pago a cuenta de futuros aumentos, para que los docentes no padezcan esta situación”.
¿Qué se espera para las próximas semanas? ¿Se activará la mesa que “funciona pero no sesiona”? Rivas, su presidente, lo explicó: “El Ministerio quiere que esta discusión pase a las jurisdicciones, igual que el salario de los docentes programáticos. Ya el año pasado estábamos trabajando en comisiones para mejorar las condiciones generales de estos trabajadores, desde las licencias, las vacaciones, todo. Pero todo se interrumpió por la falta de sesiones. El tema es que la ley 13.047 tiene 70 años y requiere modernizarse«.
«Por eso (concluyó Rivas) le estamos presentando, ahora mismo, en septiembre, una propuesta de aggiornamiento de la ley al ministro Finocchiaro, que combine los distintos intereses: por un lado, que el piso salarial de estos docentes se siga definiendo a nivel nacional. Pero, además, que haya un ajuste de la discusión al nivel de las jurisdicciones”.
María Belén Salaberry tiene 33 años y dicta un taller de arte en el Centro Educativo Arquidiocesano Espíritu Santo, en el barrio porteño de Palermo. Pero además de dar esa actividad a los chicos de segundo y tercer grado, también, en esa misma institución, es docente de una materia de la currícula oficial: Tecnología, de segundo a séptimo grado.
“El salario de las horas extraprogramáticas siempre estuvo diferenciado de la carga programática. Pero es injusto porque el trabajo es el mismo”, comparó.
En su experiencia, “cuando uno ingresa y acepta estos cargos, sabe que son horas que el empleador las da como ‘extra’. O sea, siempre hubo un delay en los aumentos: si aumentaban la hora programática, dos o tres meses después podían aumentar las ‘extra’. Pero con el tiempo se fue perdiendo incluso ese aumento, al punto de que desde 2017 no tenemos nada”.
La cuenta que hizo Salaberry es peor que la que hace el sindicato: “Cobramos un 30% de lo que se paga una hora común. No es un tema del dueño de esta escuela en particular sino que es una situación general: simplemente se cree que está bien. Pero El trabajo es igual y la verdad es que muy desgastante”.
Clarin