El Ministerio de Educación de la Nación presentó cuatro iniciativas que buscan garantizar el derecho pleno a una educación de calidad: Justicia educativa, Formación docente, Tecnología educativa y Educación superior. Los encuentros constaron de dos jornadas programadas para el 4 y 5 de agosto en el Centro Cultural Kirchner (CCK).
La presentación se realizó en el marco de las jornadas federales, denominadas “El 2030 como horizonte de transformaciones para la educación argentina”, contaron con la participación del gabinete educativo nacional, encabezado por el ministro Nicolás Trotta de forma virtual, y las ministras y ministros de las 24 jurisdicciones del país que debatieron acerca de cómo mejorar la calidad educativa, favorecer la igualdad, fomentar la formación y la carrera docente y establecer nuevas metas de inversión de cara a los próximos años.
Estas propuestas fueron expuestas previamente por el titular de la cartera educativa nacional ante el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, en el marco del Consejo Económico y Social.
Las iniciativas vinculadas a la Justicia educativa, Formación docente, Tecnología educativa y Educación superior buscan garantizar el derecho pleno a una educación de calidad, a través de la inversión sostenida y la formación docente con mejores condiciones en el sistema educativo obligatorio y de nivel superior; y el acceso a la conectividad, a dispositivos y a recursos digitales por parte de estudiantes y escuelas. Durante estas jornadas, se debatieron las tres primeras, dejando el proyecto de Educación Superior para una instancia posterior en la que se incluirá a representantes del área.
Durante su exposición, el ministro Trotta aseguró: «Tras dos días de intensos debates, acordamos que la educación pospandemia debe profundizar las condiciones para el pleno ejercicio de su derecho. Para que eso ocurra, es importante que recuperemos los consensos establecidos a partir de la Ley de Educación Nacional y avancemos en los acuerdos necesarios para su cumplimiento. Es necesario reflejar en las nuevas propuestas el carácter federal de nuestro sistema educativo y abordar con precisión los desafíos estratégicos. Debemos poder dejar en claro, en esta normativa de carácter federal, cuáles son los grandes objetivos que tiene nuestro sistema educativo, cuáles son las realidades que pretendemos modificar y trazar claramente metas concretas de aquí a los próximos años que nos permitan de esa forma poner un horizonte de mejora constante”.
Y concluyó: “A partir de este ejercicio que el presidente pretende transitar y que nuestro gobierno quiere construir desde una perspectiva federal tenemos que enriquecer todo este proceso para llegar al ámbito más importante de nuestra democracia que es el Congreso Nacional. De esta forma, estas iniciativas tendrán un transitar de consensos, de diálogos y de enriquecimiento con las distintas miradas de nuestro país a partir del aporte, no solo de los ministras y ministros y sus equipos, sino de muchas referencias el campo pedagógicos y las distintas organizaciones de trabajadores y trabajadores con las cuales tenemos que seguir debatiendo este desafío de la recuperación de una agenda educativa, luego de este año y medio de pandemia”.
Las iniciativas legislativas son:
Justicia Educativa: en un país federal con profundas desigualdades, resultan trascendentales las definiciones sobre la estrategia de financiamiento educativo. Regular la inversión educativa comprende definiciones de planificación estratégica en el gobierno que son fundamentales en la construcción de un modelo social más igualitario.
Formación Docente: norma específica que encuadre y otorgue relevancia al carácter sistémico de la formación de las y los docentes; visibilice y establezca la vinculación entre ésta, la organización institucional del trabajo y la carrera docente; y disponga la puesta en funcionamiento de mejores condiciones materiales y simbólicas para el sector.
Tecnología Educativa: orientado a dar respuesta a las desigualdades en el acceso a la conectividad, las computadoras y los recursos digitales que profundizan y cristalizan la injusticia educativa, multiplicando los déficits de oportunidad de las familias más pobres. En este sentido, se propone trabajar en el acceso a la conectividad y a la tecnología en los hogares de las y los estudiantes, como también garantizar el acceso al equipamiento y la infraestructura de las escuelas argentinas y la revisión de las prácticas de enseñanza.
Educación Superior: define a la Educación Superior como un bien público y un derecho humano, personal y social, garantizado por el Estado, siendo responsabilidad del mismo ofrecer educación superior a todas y todos los ciudadanos que quieran acceder a la misma, en condiciones de gratuidad, cercanía y con acceso a becas que faciliten la continuidad y finalización de los estudios. El Estado garantizará el acceso a las instituciones estatales de Educación Superior a todos los habitantes de la Nación, así también su gratuidad y financiamiento.
Al concluir las Jornadas, las y los titulares de las carteras educativas de todo el país coincidieron en ampliar el documento de base con más datos sobre el punto de partida; expresar todas las brechas y avanzar en la reparación de las injusticias; robustecer la planificación, identificar problemas y asignar recursos específicos; establecer mecanismos eficientes de seguimiento y monitoreo y propender al control preventivo; categorizar indicadores de inversión y distribución del financiamiento educativo y priorizar el nivel inicial (sala de 3, 4 y 5 años) y la transformación de la escuela secundaria.