En esta Argentina de grietas que no contribuyen a generar bienestar para el conjunto de quienes la habitan, hay una premisa que no tiene bandos, facciones ni conflictos: que la educación es la principal herramienta de progreso individual y social. No hay persona ni sector que la objete. Sin embargo, esta premisa con las que todos decimos coincidir, no ha logrado convertirse en política de Estado luego de 35 años de vivir en democracia ininterrumpidamente.
Un ejemplo contundente de este fracaso lo encontramos en el terreno de la educación superior. La mayoría de las universidades públicas no han vuelto a clases luego del receso invernal, incluyendo a los colegios universitarios que ya perdieron más de 20 días de clases en lo que va del año. Un conflicto producido por el ofrecimiento de menos de un 11% como aumento salarial, realizado por el Poder Ejecutivo Nacional, tuvo otra vez al paro como respuesta privilegiada por los gremios docentes.
El gobierno manifiesta que durante el período 2016-2018 se aumentó el presupuesto en un 104% y que para este año se otorgó al sistema universitario un 96% del monto solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional. Esto es tan cierto como que el poder adquisitivo de quienes trabajamos en las universidades dando clases, investigando, realizando actividades de extensión o no docentes, se ha deteriorado y que este rumbo se consolidará negativamente si no se revisa el aumento ofrecido, que es de 20 puntos menos que la inflación mínima proyectada.
Gran parte de nuestra clase dirigente es mezquina, hace cálculos electoralistas todo el tiempo, se vuelve salvaje cuando es oposición y cuando es oficialismo, justifica lo que antes criticaba y consideraba injustificable.
Para cambiar de verdad precisamos acuerdos, y los acuerdos precisan diagnósticos precisos, fines y metas cuantificables; para ello es requisito tener una clase dirigente preparada y razonable, dispuesta a generar esos acuerdos y no que aprovechen circunstancias complejas como las que tenemos hoy, para agudizar conflictos como el que la universidad atraviesa.
También precisamos que quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones protejan las políticas públicas que deben ser prioritarias, y la educación es una de ellas. Si nuestro país tiene problemas como los que sin duda tiene, porque nos dejaron un presente sumamente comprometido por los desastres que se hicieron en el pasado, no hay duda que la educación no puede pagar el precio de los desajustes de ese pasado en este presente, y si de verdad queremos construir un futuro mejor, entonces hay que priorizar la inversión educativa y parte de esa inversión es el salario de quienes dan clases: mejorar el salario de quienes enseñan es causa y no consecuencia del progreso de nuestra estructura social.
Un país que no prioriza la educación está condenado a repetir los mismos errores, por esto se le debe reclamar a la clase dirigente un acuerdo que priorice a la educación. Porque primero está lo primero, entonces primero, está la educación.
Cronista