Los argentinos estamos ante una definición de modelo de sociedad. Que la educación sea declarada un servicio estratégico esencial no es una discusión con los sindicatos ni es en contra de los trabajadores, es mucho más que eso. Es restablecer qué es lo importante, en qué creemos y a qué apostamos.
Así como durante la pandemia decíamos que las escuelas debían ser lo último en cerrar y lo primero en abrir y esto, en sí mismo, era una definición de principios, con esta declaración lo que estamos diciendo es que no hay ningún argumento lo suficientemente fuerte que justifique la vulneración del derecho a aprender que tienen todos los niños y niñas de nuestro país. Es un llamado a la acción para los gobiernos provinciales, para los trabajadores, para los sindicatos y también para las familias: todos los chicos, todos los días a la escuela.
Sin embargo, sabemos que las escuelas abiertas no garantizan nada por sí mismas. Hace falta mucho en todos los aspectos para mejorar los datos alarmantes de nuestra realidad educativa. Los conflictos los conocemos y en las soluciones de base estamos casi todos de acuerdo. Pero hay un problema que es estructural y es ahí donde me quiero detener.
Lo que hace falta que discutamos sin hipocresías es el mal entendido concepto de “federalismo educativo”. Debemos rediscutir una de las mayores situaciones de injusticia educativa que es la inequidad de origen que genera haber tenido la suerte de nacer en un distrito o en otro de la Argentina.
A partir de la Ley de Educación Esencial -que obtuvo esta semana media sanción en Diputados-, todos los chicos van a tener el mismo calendario escolar. Es un avance esperado desde hace mucho por cientos de miles de familias argentinas. Madres y padres que, sin alternativas, ven cómo sus hijos pierden por paros días, meses, años de aprendizajes significativos para su futuro. Ahora bien, todos los estudios e investigaciones, así como las evaluaciones nacionales e internacionales muestran indicadores claros de diferencias entre las provincias. No da lo mismo un día de clase más en una provincia que en otra.
Preguntas inevitables: ¿Quién es el responsable de garantizar a una familia de Formosa, a otra de Santa Cruz o de la provincia de Buenos Aires que sus hijos estén efectivamente aprendiendo? ¿Quién se hace cargo de lo que no funciona? ¿Qué consecuencias tienen los gobiernos que no garantizan procesos virtuosos dentro de las aulas? Nadie, nada, todos…
Las consecuencias de la mala educación no tienen impacto en los resultados electorales de corto plazo, lo vemos a diario en provincias con los peores resultados educativos y los mismo gobernantes durante décadas. Y lo vemos tanto en provincias ricas de recursos naturales como en otras con territorios menos favorecidos.
Lo que hace falta es volver a discutir el gobierno del sistema educativo, el rol del estado nacional en tanto garante del derecho a aprender de todos los estudiantes del país. Concretamente:
- Cuál es el sistema de incentivos por el cual vamos a garantizar que mejoren los indicadores educativos en todas las escuelas de todos los municipios, de todas las provincias.
- Cuáles son los premios y los castigos que puede aplicar el gobierno central para que se cumplan los pisos mínimos de aprendizaje a los que nos comprometimos hace décadas.
- Quién supervisa los regímenes académicos que garanticen el mismo nivel de exigencia para los estudiantes de aquí y de allá.
- Quién controla que cada peso que se destina a educación se invierta efectivamente en las aulas y no en proselitismo educativo.
- De quién es la responsabilidad de formar docentes de igual calidad y con los mismos niveles de exigencia en una provincia que en otra.
- Cómo garantizamos un desarrollo profesional docente basado en el mérito y la formación continua en todas las jurisdicciones.
- Cómo hace el gobierno central para garantizar que la formación profesional esté vinculada al desarrollo económico proyectado y que se formen la cantidad de profesionales necesarios para las industrias prioritarias.
- Quién se va a ocupar de compensar las brechas enormes de enseñanza que se generaron durante los dos años de escuelas cerradas por la pandemia en la mayoría de las provincias.
- Qué hacemos con los gobiernos federales que no cumplen.
No hay desarrollo ni progreso de una Nación sin educación. Pero para que la educación sea esencial y para todos, necesitamos un gobierno central fuerte que pueda hacerse cargo de impulsar iguales condiciones de aprendizaje sin que importe el código postal de cada uno.
Fuente: Infobae.com