Es por las personas que se encuentran imputadas penalmente como consecuencia de su participación en la marcha del 8 de Marzo de 2022.
Ante los hechos de dominio público acaecidos en ocasión de la marcha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, llevada a cabo el 8 de marzo de 2022, y el posterior encausamiento penal de cuatro participantes de la misma, integrantes, además, de la comunidad universitaria, el Consejo Superior de la UNSJ declara:
La Universidad Nacional de San Juan es una comunidad de trabajo dedicada, entre otros fines, a la formación integral de profesionales al servicio del bien común, comprometidos con la construcción de una sociedad auténticamente democrática, centrada en ideales de independencia y participación.
A su vez, promueve el respeto a las garantías y libertades constitucionales, en pos de aportar a la sociedad voluntades solidarias que participen activamente en la comunidad a la que pertenecen y se involucren en la vida pública con idoneidad moral e intelectual.
Esto incluye la libre participación en expresiones sociales que promueven políticas públicas transformadoras, tal como la lucha mundial de los movimientos feministas, en la que se inscribe la marcha del 8M, convocada por numerosas organizaciones sociales, académicas, políticas y sindicales; y que desde hace años visibiliza situaciones de desigualdad e inequidad, apuntando a garantizar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.
En consecuencia, expresa su preocupación por el uso de recursos institucionales de cualquier tipo que condicionen o coarten la participación política y la protesta social, que son impulso de los avances sociales y del sistema democrático, cuestión expresamente contemplada en acuerdos internacionales a los que nuestro país adhiere.
En razón de lo expresado, manifiesta su solidaridad con las integrantes de la comunidad universitaria que hoy se encuentran imputadas penalmente, como consecuencia de su participación en la marcha aludida; y reafirma su compromiso con los principios de una convivencia genuinamente democrática, instando a la resolución de los conflictos en un marco de respeto y salvaguarda de los derechos humanos y la libertad de expresión.