La Vicerrectora de la UNSJ y la Responsable de la Oficina por la Igualdad dialogaron con la madre y el padre de Micaela García, por quien existe la Ley Micaela.
La vicerrectora de la UNSJ, Analía Ponce, y la responsable de la Oficina por la Igualdad de Género, Contra las Violencias y la Discriminación de esta Universidad, Ana Carrizo Páez, participaron del Encuentro Suprarregional de Mujeres que se realizó en Córdoba, al cual fueron invitadas por el Foro de Rectoras y Vicerrectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
“En un viaje relámpago hemos participado de la Mesa de Debate denominada Educación para la Igualdad, en que escuchamos a nuestras compañeras, mujeres rectoras y vice de distintos lugares del país, quienes expusieron los procesos de acrecentamiento en la conquista de derechos femeninos y de las disidencias sexuales, en términos, sobre todo, de la Educación Superior”, contó Analía Ponce.
El Encuentro, desarrollado en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Córdoba, fue organizado por el Ministerio de la Mujer de esa Provincia, con estrecha colaboración de la Universidad Provincial de Córdoba. En aquel lugar Analía Ponce y Ana Carrizo Páez tuvieron un encuentro y dialogaron (foto de portada) con Andrea Lescano, y Néstor García, madre y padre de Micaela García, la joven cuyo femicidio dio lugar a la creación de la Ley Micaela. “Los hemos invitado a nuestra Universidad para que nos acompañen en la realización de algunos talleres, para tener la voz de quienes han sido también víctimas de la violencia de género en su grado extremo”, expresó la Vicerrectora de la UNSJ.
Micaela García tenía 21 años de edad cuando fue asesinada. Era militante del Movimiento Evita y también del movimiento “Ni Una Menos”. El femicidio fue perpetrado por una persona condenada con una pena de 9 años por la violación de dos mujeres, ocurrido anteriormente a la violación seguida de femicidio de Micaela, mientras que se encontraba con el beneficio de libertad condicional.
La Ley Micaela Nº 27499 fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.