El Estado le destina $55 a un alumno que asiste a la escuela de gestión privada subvencionada y $100 al que concurre a la de gestión pública. En el nivel secundario, el financiamiento público implica el 98% del costo de un alumno del decil más pobre mientras que ese aporte representa el 48% para cada alumno del decil más rico. El dato surge de un nuevo informe del Observatorio Argentinos por la Educación. De esta manera, los estudiantes que se ven más favorecidos con el financiamiento público son los que asisten a escuelas de gestión estatal.
El informe titulado “Subvenciones a la educación privada: ¿Para qué y para quiénes?”, que tiene como autores a Mauro Moschetti (Universitat Autónoma de Barcelona), Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén (ambos del Observatorio), analiza la cantidad de alumnos que asisten a escuelas de gestión privada con subvención estatal, la distribución por nivel socioeconómico de los estudiantes de cada sector de gestión y el presupuesto que se destina a cada uno.
Según se indica, el 73% de los estudiantes (7,6 millones) asiste a escuelas de gestión estatal, el 22% de los estudiantes del país asiste a privadas con subvención y el 5% a privadas sin subvención (desde sala de 3 años hasta el final de la secundaria).
Las tres jurisdicciones con más proporción de alumnos en el sector privado subvencionado son la Ciudad de Buenos Aires con 39%; Córdoba, 29%, y Buenos Aires, 26%. En el otro extremo se encuentran Jujuy y Chubut, ambas con 9%.
El informe señala que las escuelas de gestión estatal reciben a los alumnos de menores niveles socioeconómicos. A su vez, las escuelas privadas con subvención reciben, en su mayoría, a estudiantes con menor nivel socioeconómico que de gestión privada sin subvención.
En el nivel secundario, en el decil 1 (el 10% más pobre) el 95,1% de los alumnos asisten a escuelas de gestión estatal y el 4,6% a privadas subvencionadas. De manera inversa, en el decil 10 (el 10% más rico), apenas el 7% estudia en escuelas de gestión estatal; el 74,3%, en privadas subvencionadas y el restante 18,7%, en privadas sin subvención.
“Problema de objetivos”
En diálogo con LA NACIÓN, Mauro Moschetti, explicó: “El sistema de subvenciones a las escuelas privadas tiene problemas de objetivos, de diseño y de transparencia. Esto no es ninguna novedad si consideramos que se trata de un sistema que existe desde la década de 1940 y que, en lo que respecta a los aspectos esenciales de su funcionamiento, no ha sufrido grandes transformaciones en sus más de 70 años de vida. En este sentido, creo que el informe es un aporte valioso que espero sirva para abrir una discusión seria sobre cómo mejorar el sistema de subvenciones estatales a las escuelas privadas”.
“Un dato contundente que se deriva del informe es que las subvenciones a las escuelas privadas han tendido y tienden a beneficiar a las familias de clase media y media alta. Hay excepciones, pero la norma es esa. Esto se observa en el hecho de que, como muestra el informe, la amplia mayoría de los estudiantes que asisten a escuelas del sector privado subvencionado se concentra en los tres deciles de mayor nivel socioeconómico”, indicó Moschetti.
En este sentido reflexionó: “La pregunta que hay que hacerse entonces es si es esto lo que pretendemos del sistema de subvenciones en tanto política pública. En un momento en el que en la Argentina gana consenso la necesidad de revisar la asignación indiscriminada de subsidios siguiendo un criterio de justicia distributiva, resulta indispensable extender esa discusión al ámbito de la educación y preguntarse qué criterio justificaría el disponer de un sistema de subvenciones como el que rige para las escuelas privadas cuyos beneficiarios son fundamentalmente familias de clase media y media alta. Dicho de otro modo: ¿no sería más razonable concentrar y aumentar la cuantía de las subvenciones a las pocas escuelas privadas que atienden fundamentalmente a población desfavorecida y que hoy, en un contexto de crisis, atraviesan serias dificultades financieras? Pienso, por ejemplo, en las escuelas privadas subvencionadas que funcionan dentro o en los alrededores de barrios populares o de emergencia”.
En el período comprendido entre 2018 y 2021, 12 distritos aumentaron la proporción del presupuesto educativo destinado a transferencias al sector privado, mientras que otros 12 lo redujeron. Las provincias con mayores incrementos fueron: San Luis (+3,4 puntos porcentuales), Santa Cruz (+2,5 pp), Entre Ríos (+2,1 pp) y Jujuy (+1,6 pp). Las mayores reducciones fueron en Córdoba (-1,3 pp), La Pampa (-1,0) y Salta (-0,9 pp).
Las tres provincias que más invierten por cada alumno de escuela privada subvencionada son Santa Cruz ($114 por cada $100 destinados a alumnos de escuelas estatales), Santiago del Estero ($99) y Misiones ($97), según los últimos datos disponibles de 2021. Por otro lado, las que menos invierten proporcionalmente por cada alumno del sector privado subvencionado son Salta ($42), la Ciudad de Buenos Aires ($41) y Tierra del Fuego ($38).
El análisis
Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento educativo, sostuvo: “El informe aborda, con muchos datos, uno de los temas más espinosos y menos informados de la educación argentina: los subsidios a la educación privada. Muestra distintas aristas de los aportes del Estado a las escuelas de ese sector y, como suele suceder cuando se trata este tema, deja con ganas de más. Lamentablemente, la información que rodea a los subsidios está teñida de opacidad en el país. Todavía nos falta mucho para saber a quiénes y por qué se otorga ese financiamiento a los establecimientos privados. Asimismo, faltan estudios que indaguen cuánto pagan las familias por la educación de sus hijos. El documento contribuye a una discusión que nos debemos como sociedad y que solo aparece en forma espasmódica de tanto en tanto, y cuando lo hace, es más a partir de posiciones preconcebidas que con sustento empírico”.
Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, dijo: “Los datos reafirman que el Estado argentino (todos los gobiernos) necesita a la educación privada para garantizar el derecho a la educación por medio del gasto privado de las familias. Incluso, el Estado destina fondos (subsidios) para bajar el precio de la cuota de escuelas privadas, siempre que la inversión estatal por alumno privado sea menor que la inversión estatal por alumno público. Por eso, si todas las familias optaran por ejercer su derecho a una vacante para sus hijos en la educación estatal, todo el sistema educativo colapsaría por falta de fondos e infraestructura, aun sumando al presupuesto todos los subsidios a las escuelas privadas”.
Por su parte, Verónica Gottau, investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella, explicó: “Paradójicamente, aumentar la proporción del presupuesto provincial que se destina a las transferencias al sector privado reduce el gasto estatal en educación porque implica que una parte de los gastos en educación la asumen las familias. Así, por ejemplo, en vez de invertir $100, el Estado invierte $60 y los restantes $40 los financia cada grupo familiar. Es decir, el Estado con menos plata educa a más alumnos. Si con menos hacés más, entonces el sistema es eficiente. Y además permite diversificar la oferta escolar. Sin embargo, el costo es la segmentación”.
La Nación