El texto señala que «los establecimientos del sistema de salud pública de la CABA deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe» cuando «una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción» sea atendido en un centro asistencial.
Asimismo, se deberá detallar «la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones». Luego, según dice el proyecto, se remitirán en forma mensual «los gastos a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados».
Con respecto al sistema educativo, se detalla que «los padres o tutores cuyos hijos o niños tutelados estén domiciliados fuera» de la CABA «que inscriban alumnos en el sistema de Educación Pública de la Ciudad de Buenos Aires, deberán registrarse en la página web que habilite el Gobierno de la Ciudad para acceder a las vacantes, en el que se considerará la disponibilidad de los colegios y la localización geográfica de los solicitantes».
«Adjudicadas las vacantes, se remitirá a la Administración de la Provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas, para cobrar el reintegro por los servicios prestados, mensualmente», finaliza.
La diputada porteña remarcó que «el consumidor final no tiene que pagar al momento de usar el servicio, la idea es que se abone mediante una transferencia de fondos entre la provincia en la que tributa el consumidor y la CABA».
Ambito