La oposición porteña presentó un pedido de informes en la Legislatura tras denunciar recortes del Gobierno de la Ciudad en propuestas educativas destinadas a estudiantes mayores de 22 años con discapacidad intelectual. Según advirtieron los legisladores, los recortes afectan a 13 escuelas de educación especial destinadas a la formación laboral e integral, en las que se restringió el transporte escolar, empeoró el servicio de comedor y la carga horaria se redujo a más de la mitad en comparación con el año pasado.
“Esto vulnera el acceso a la educación de cientos de estudiantes con discapacidad, porque impide el acceso a una formación permanente y, consecuentemente, dificulta el ingreso al mundo laboral«, señaló la legisladora del Frente de Todos (FdT), Laura Velasco, que presentó el pedido de informes como presidenta de la Comisión de Promoción Social e integrante de la de Educación. «Todo esto genera mayor exclusión, discriminación y falta de espacios para la inclusión y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad”, agregó.
Tras reunirse con representantes de las familias afectadas, integrantes del equipo de la legisladora precisaron que la decisión de la cartera educativa porteña afecta a unos 600 estudiantes. El pedido de informes explica que se trata de «los y las estudiantes mayores de 22 años con discapacidad, que iniciaron este nuevo ciclo escolar con varias restricciones en sus propuestas educativas de las 13 escuelas especiales del escalafón C». Las familias denunciaron principalmente un recorte sustancial en la carga horaria, pasando de cursar con jornada completa de lunes a viernes a «una cursada de tres horas en tres días de la semana»
A estas escuelas, destinadas a la formación laboral e integral, asistían estudiantes de 15 a 30 años, pero a fines del año pasado el Ministerio de Educación porteño decidió comenzar a recortar los servicios ofrecidos a los mayores de 22 años, amparándose en una resolución del 2011 del Consejo Federal de Educación, que indica que esas escuelas comprenden a una franja etaria de 12/14 años hasta 20/22 años.
«En numerosos artículos de la misma resolución se indica la promoción y garantía de propuestas educativas para jóvenes y adultxs con discapacidad, por ejemplo, en el artículo 47 menciona ‘propuestas de formación permanente, a las cuales puedan acceder aquellos/as adultos, a partir de los 20/22 años con discapacidad innata o adquirida que hayan finalizado o no su escolarización formal’”, advierte la legisladora en el pedido de informes y añade que al haber tomado «solo de una parte de la resolución nacional», el Ministerio «genera en los y las estudiantes la imposibilidad de acceder a la formación permanente«.
La legisladora aseguró, además, que las dificultades producidas por el cambio de horario tuvieron como consecuencia una ola de deserciones en las escuelas. También sostuvo que al recorte horario se le suma «un fuerte ajuste en el servicio de comedor desde el 2015 que ahora, al cursar sólo 3 horas, se profundiza: Lxs estudiantes reciben apenas una colación».
En el pedido de informes también se solicita al GCBA que «indique las causas de la restricción del transporte escolar durante el año 2021 para estudiantes mayores a 22 años con discapacidad», decisión que, según Velasco, «obligó a muchxs jóvenes y adultxs a abandonar sus estudios por no contar con otros medios para concurrir a la escuela». Además, pidió que se informe cuál fue el presupuesto para este tipo de escuelas en 2021 y 2022, y si «se previó un plan de acción tendiente a la creación de nuevos espacios educativos» ante el recorte aplicado.
Desde el equipo de la legisladora indicaron que «4 de cada 10 personas con discapacidad manifiestan que existen barreras en su inclusión educativa«, según un estudio realizado por la Dirección General de Estadística y Censos. «La falta de apoyos para la asistencia y el aprendizaje es la barrera más importante, con 86,9 por ciento de las respuestas», agregaron.
Página 12