El jueves pasado y por unanimidad, con 45 votos favorables, las y los senadores dieron aprobación definitiva al proyecto de ley “Estrategia Integral para Fortalecer las Trayectorias Educativas afectadas por COVID-19”. Este consenso fue resultado de la preocupación compartida debido al complejo escenario educativo que estamos atravesando a raíz de la pandemia.
El proyecto que le dio origen lo presenté en Diputados en junio de 2020, cuando empezábamos a pensar en el regreso de las y los chicos a las escuelas, con toda la diversidad de experiencias que representaba esa situación. Como éste, hubo muchos proyectos, tanto del oficialismo como de la oposición. En este sentido, esta ley recupera las prioridades y preocupaciones esgrimidas en estos proyectos, establece una estrategia integral para todas las provincias y CABA que promueve la articulación de políticas educativas, de salud y de desarrollo social, entre otras.
En este tiempo, se requieren respuestas urgentes e integrales que potencien esfuerzos, no que los superpongan. Es por eso que esta ley define criterios político-pedagógicos votados en el Consejo Federal de Educación y recupera aspectos centrales de otras normativas también aprobadas federalmente.
Muchas de las acciones que esta norma propone ya están en marcha. Otras aún no y marcan el rumbo por donde el Estado debe seguir fortaleciendo el trabajo en las escuelas, acompañando a los docentes y a las familias para que se haga efectivo el derecho a la educación, para que regresen quienes aún no pudieron volver y para que los que están dentro de las escuelas, aprendan.
Es indispensable sostener la importancia de la escuela y la centralidad del docente, su tarea especializada, así como también que sean posibles redes de apoyo a las escuelas frente a situaciones inéditas, tanto educativas como socio-afectivas. Hablamos del fortalecimiento de los equipos docentes, el desarrollo de estrategias que prevengan el riesgo de abandono escolar y que busquen a los chicos que se fueron, el seguimiento de trayectorias escolares para lograr ese objetivo, entre muchas otras acciones.
A su vez, esta ley no refiere sólo a los desafíos que esta pandemia generó en el sistema educativo, sino también a las dificultades preexistentes resultado de la otra pandemia que vivimos: la de la profundización de las políticas neoliberales de ajuste durante el macrismo. Un ejemplo claro, que repetiremos hasta el cansancio porque hubiera cambiando profundamente el escenario en pandemia, es la discontinuidad del programa Conectar Igualdad. Así como también el desfinanciamiento de las políticas socioeducativas y la disminución del pago de becas de estudio.
En síntesis, hablar de trayectorias escolares es preguntarse por las múltiples posibilidades que ofrecemos para que la enseñanza suceda de manera efectiva. Sabemos que el éxito o el fracaso de las y los estudiantes es resultado de las condiciones que los Estados y sus políticas públicas generen para que ese proceso de aprendizaje sea posible. Por eso creo que hoy más que nunca, es necesario asumir que además de políticas públicas es indispensable el compromiso social por la recuperación educativa.