El programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes es el que más aumentó sus recursos dentro del presupuesto educativo nacional entre 2020 y 2021: tuvo un aumento del 1625%, y equivale a un total de $31.994,65 millones. En el mismo período, los fondos para educación superior aumentaron solo 32,1%, por debajo de la inflación del 36,1% registrada en 2020. Estos cálculos se realizaron comparando el presupuesto devengado 2020 con el presupuesto inicial 2021, ambos publicados por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.
Los datos surgen del informe Variaciones en el financiamiento educativo. Análisis de la variación en el financiamiento educativo entre 2020 y 2021, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Javier Curcio (investigador del IIEP BAIRES – UBA CONICET y director del Departamento de Economía FCE/UBA), Víctor Volman y Federico Braga.
El estudio muestra cómo cambiaron las prioridades en el Ministerio de Educación de la Nación, por medio de la comparación de los presupuestos de 2020 y 2021.
Los fondos del Ministerio de Educación representan el 4,8% del presupuesto nacional, lo que supone un incremento con respecto a 2020, cuando el presupuesto educativo representó un 4,0% de los fondos públicos ejecutados durante el año. El aumento de los recursos para educación (44,7%) duplicó el incremento total del gasto público (20,1%), mientras que en 2020 la inflación fue del 36,1%, según el INDEC.
La inversión en infraestructura para jardines de infantes es una de las tres partidas con mayor presupuesto en 2021: representa el 7,3% de los recursos educativos. Por otro lado, la partida de Educación Superior está entre las que recibieron menores aumentos nominales entre 2020 y 2021: 32,1% por debajo de la inflación, perdiendo peso dentro de las prioridades presupuestarias: pasó del 75% al 61,8% del presupuesto educativo nacional.
“Las respuestas diseñadas por el Estado Nacional frente a la irrupción de la pandemia derivaron en una mejor representación del presupuesto educativo en el total de acciones previstas en 2021, priorizando la conectividad y el fortalecimiento de la infraestructura», señala Javier Curcio, uno de los autores del informe.
No obstante, la continuidad de la pandemia y las dificultades de adaptación del sistema educativo a las necesidades impuestas por la nueva situación obligan a profundizar los esfuerzos para adecuar las actividades y formatos. El gobierno nacional ejerce un papel preponderante en la coordinación y orientación general, que tiene que ser consensuado y legitimado en el marco del Consejo Federal de Educación y articulado de manera adecuada con las provincias y los municipios”.
Agustín Claus, profesor de Economía de la Educación de FLACSO, plantea: “Es importante profundizar el análisis de la estructura del financiamiento educativo del Estado nacional para poder identificar y potenciar los recursos que se destinan a las políticas que promuevan la equidad. Hay un falso mito de que la Nación destina muchos recursos a la educación, es cierto, pero no a la educación básica, descentralizada en las provincias. La Nación debería diferenciar y potenciar los recursos que destina a programas educativos nacionales estableciendo metas y objetivos específicos que permitan disminuir las brechas educativas estructurales”.
«El análisis del presupuesto es un ejercicio importante para el estudio de las prioridades –en términos concretos, más allá de lo declamado– de las autoridades y del esfuerzo que la sociedad está dispuesta a realizar para sostener las iniciativas planificadas. Además, la tendencia en estos años iniciales de la nueva gestión de gobierno permite advertir la direccionalidad hacia la que, presumiblemente, se dirigirá el financiamiento educativo en los próximos años”, explica Juan Doberti, docente e investigador de la UBA.
Y agrega: “Puede advertirse una nueva relación con las jurisdicciones provinciales, destinatarias últimas de la mayoría de los programas especiales del Ministerio, que en buena medida complementan la inversión educativa que llevan a cabo las jurisdicciones”.
“La lectura de las políticas públicas a la luz del financiamiento educativo que efectúa el informe brinda un marco de referencia acerca de la disponibilidad de fondos y reordenamiento de prioridades en contexto de pandemia por parte del Ministerio de Educación nacional”, concluye Fernanda Luna, economista dedicada a temas de educación.
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