Legisladores, organizaciones sindicales, centros de estudiantes, comuneros, cooperadoras y diversos colectivos de la comunidad educativa repudiaron hoy el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que rechazó una acción de amparo para garantizar una vacante a un niño de 2 años en el sistema de educación pública, se informó hoy.
«Legisladorxs, organizaciones sindicales, centros de estudiantes, comunerxs, cooperadoras y diversos colectivos de la comunidad educativa expresamos nuestro enérgico repudio al fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, por el cual se rechaza una acción de amparo para garantizar una vacante escolar a un niño de 2 años», sostuvo un comunicado.
«Esta sentencia no hace más que convalidar la desinversión sistemática en educación pública del GCBA, al tiempo que abona a la idea de una educación organizada según el poder adquisitivo, en sintonía con la postura del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta», agregó.
El comunicado agrega que legisladores de la oposición impulsarán el pedido de «juicio político a los magistrados que con su sentencia violan la constitución de la Ciudad y limitan el pleno ejercicio de derechos»
Además, los colectivos firmantes del comunicado convocaron a una rueda de prensa mañana, a las 12, en la puerta de Legislatura porteña.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño, máximo órgano de Justicia de la Ciudad, hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad del gobierno de la Ciudad, ante la demanda presentada en 2017 por la madre de un niño de dos años que pedía que se le garantizara la vacante a su hijo en un jardín de infantes.
Los integrantes del Tribunal, integrado por Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, revocaron dos fallos de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones a favor de la demandante al argumentar que el Estado «no tiene la obligación inmediata de proveer una vacante a todo aquél que la solicite».
Agrega que esta falta de obligación es «con independencia de su condición social o de sus posibilidades de procurarse una vacante en el subsistema privado».
La Asociación Civil por la Igualdad ante la Justicia (Acij), que presentó y acompañó la demanda de la madre, anticipó que apelará el fallo del TSJ a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Acij destacó que hace casi diez años, en el marco de un acuerdo vigente, la Ciudad «reconoció la importante problemática de falta de vacantes y se comprometió, como marca la Constitución de la Ciudad, a garantizar el acceso a la educación inicial desde los 45 días y hasta los cinco años, a través de un plan de obras sostenido y financiado en el tiempo».