El proyecto fue acompañado por la firma de otros 35 diputados y la intención es incluir la modificación en el debate del próximo Presupuesto.
De aprobarse, el proyecto contempla que quienes ganen entre $55.000 y $145.000 podrían descontar cada mes de ganancias distintos ítems como materiales, clases de apoyo, clases de idioma, transporte escolar y transporte de pasajeros por automotor y ferroviario desde y hacia las instituciones educativas, residencias universitarias, comedores escolares, indumentaria escolar, cuotas de cooperadoras y de las instituciones educativas y matrículas.
La deducción tiene un tope de un Salario Mínimo Vital y Móvil ($16.875) por mes por persona en formación para aquellos sujetos que perciban hasta el equivalente de 12 salarios mínimos brutos por mes. Esto incluye a estudiantes de todos los niveles, hasta 25 años.
Por ejemplo, si el caso fuere una familia tipo con dos chicos en primaria o secundaria o en la universidad, el caso extremo es que podrían descontarse 1 SMVM por hijo por mes, por lo tanto sería $33.750. Si quien se lo deduce estuviera alcanzado por una alícuota del 31%, en mano le quedarían $10.462 más por mes.
Para el Estado esta deducción representaría el 0,24% del presupuesto nacional para 2020, considerando un escenario extremo donde la totalidad de las personas alcanzadas por el ingreso a las ganancias, descuenten la totalidad de la deducción planteada. «Para dar una dimensión, el costo total de la medida significa la tercera parte del déficit mensual de Aerolíneas Argentinas», ejemplificó Yacobitti.
Y aclaró: «De todas formas, está comprobado que a medida que una persona se capacita más, también esa persona tributa más. Es decir, que más educación hoy significa más recaudación impositiva mañana. El Estado que hoy cobraría menos por ganancias después recaudaría más, además de los beneficios y efectos adicionales que implica una sociedad con mayor nivel de instrucción y formación».
En ese sentido, detalló: «Las personas con título universitario perciben un salario, en promedio, 70% mayor que aquellos con sólo escuela secundaria completa. Su salario es más alto, tributa más, pasa menos tiempo desempleada y necesita menos asistencia del Estado. En sólo 13 años la inversión pública en educación superior se recuperaría, es decir que a los 8 años del egreso del estudiante el Estado comienza a recuperar su inversión y los restantes 32 años de vida laboral de la persona son ganancia neta para el Estado».
Y agregó «En Argentina la educación universitaria genera retornos públicos del orden del 12,4% per cápita. Si contabilizáramos los retornos fiscales que el Estado tendrá por cada individuo con título universitario a lo largo de toda su vida, el valor presente de esa recaudación extra sería de $10 millones per cápita».
Por último, recordó que «hace pocos días se aprobó en el Congreso una ley de moratoria por $534.000 millones, lo que representa el 2,5% del PBI, considerada fundamental para promover la reactivación productiva. Estoy convencido de que la educación debería ser vista de igual manera hacia el largo plazo».
Ambito